08.08.22 // Derechos Económicos Sociales y Culturales (novedades)

CABA | Alerta por una resolución que limita a las Asesorías Tutelares de Primera Instancia iniciar acciones colectivas de defensa de niñas y niños

Diez organizaciones de la sociedad civil le solicitamos a la Asesora General Tutelar, Carolina Stanley, que deje sin efecto la resolución n° 110/2022 a partir de la cual se creó la Unidad Especializada en Procesos Colectivos que le quita a las asesorías la facultad constitucional para iniciar causas colectivas en defensa de derechos. Esta decisión implica una regresión en la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas que requieren apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica.

La resolución crea una Unidad Especializada en Procesos Colectivos con competencia específica y exclusiva para intervenir, por parte del Ministerio Público Tutelar, en este tipo de casos. Si bien, como criterio general, es posible pensar en modelos de gestión especializada de causas, en este caso, el diseño y eventual implementación de la Unidad ponen en riesgo la defensa de derechos.

Concretamente, la limitación de las facultades constitucionales de iniciar procesos colectivos a las Asesorías Tutelares de Primera Instancia puede tener consecuencias graves para el acceso a la justicia de estos colectivos, derecho especialmente importante en los casos de extrema vulnerabilidad y urgencia, como podría ser la intervención en un hospital monovalente, una escuela, entre otros. En contraposición a esta restricción, las decisiones sobre administración de justicia deben realizarse conforme los criterios del Comité de los Derechos de los niños que advierte que “los Estados no pueden decidir a su discreción si el interés superior del niño es una consideración primordial que ha de valorarse y a la que debe atribuirse la importancia adecuada en cualquier medida que se tome”

Por ello, solicitamos a Carolina Stanley la urgente revisión de esta medida que no responde a un criterio temático específico sino solamente a una herramienta procesal que limita las acciones de los asesores tutelares y retrocede en la protección de los derechos de las niñeces, adolescencias y de las personas que requieren apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica.

La solicitud se encuentra disponible aquí

Organizaciones que adherimos:

  • Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
  • Amnistía Internacional Argentina
  • Centro de Estudios y Acción por la Igualdad
  • Centro de Estudios Legales y Sociales
  • Centro para una Justicia Igualitaria y Popular
  • Fundación Sur Argentina
  • Fundación Poder Ciudadano
  • Grupo de Trabajo Interdisciplinario “Derechos Sociales y Políticas Públicas” (UBA)
  • Instituto de Justicia y Derechos Humanos Universidad Nacional de Lanús
  • La Boca Resiste y Propone
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