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Audiencia Pública

Nuestra exposición se basó en tres ideas: la inconstitucionalidad de la convocatoria a la audiencia, por vulnerar el derecho de participación de los usuarios; el incumplimiento de planes sociales comprometidos por Telefónica y la discriminación a la población residente en villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires; y el aumento encubierto de la tarifa.

En relación a la participación de los usuarios, ACIJ y la organización Consumidores Libres habían presentado el pasado 10 de abril a la Justicia una demanda pidiendo la nulidad e inconstitucionalidad de la Disposición Nº 1/2006 de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), que fijó que las actuaciones administrativas vinculadas al objeto de la audiencia estarían a disposición de los interesados solamente en la sede de la UNIREN, es decir, en Av. Paseo Colón 189, piso 4º de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, a los fines de asegurar tal derecho, solicitaron la suspensión de la audiencia pública, medida que fue rechazada por la jueza Susana Córdoba.

También se destacó la cantidad de denuncias existentes que comprueban que la empresa Telefónica se niega a instalar líneas telefónicas en villas de la Ciudad de Buenos Aires, por tratarse de “zonas de riesgo”.

“En las villas de la Ciudad, viven 130 mil personas que son discriminadas por las empresas privatizadas de telecomunicaciones en función de su condición social y posición económica y por el lugar de residencia. En esta oportunidad, el Estado intenta renegociar con la empresa sin discutir la responsabilidad de Telefónica en las dificultades de acceso al servicio público por parte de grupos desaventajados, residentes en zonas de bajos recursos o lejanas a los centros urbanos”, expresó Verónica Tarzia, abogada de ACIJ.