ACIJ / PROGRAMAS

Organizaciones de la región exigimos que los Estados revisen los gastos tributarios y eliminen privilegios a sectores de mayores ingresos

La crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 implica inmensos desafíos sanitarios, económicos y sociales. Las medidas de política pública necesarias para afrontar la crisis requieren de respuestas urgentes en materia de financiamiento. En países donde la limitada capacidad fiscal de los gobiernos se encuentra agravada por la concesión de privilegios fiscales a particulares y empresas, se torna urgente revisarlos. 

Los gastos tributarios son beneficios impositivos que los Estados otorgan a ciertos sectores económicos para alcanzar ciertos objetivos económicos y/o sociales. Por lo tanto, constituyen excepciones al principio general de igualdad que debe regir en las cargas públicas y reducen la recaudación estatal.

En los países de América Latina, los gastos tributarios reducen los ingresos públicos entre un 10 y un 20 %, sin realizarse una evaluación adecuada de sus impactos. A pesar del costo que significan para los Estados, la falta de previsión de objetivos claros, de información adecuada, de mecanismos de aprobación transparentes y de evaluación sobre sus ventajas y desventajas, dan lugar a la implementación de privilegios fiscales.

Teniendo en cuenta que la crisis profundiza las desigualdades preexistentes y genera mayores impactos en las personas de más bajos ingresos, la prioridad actual debe ser el fortalecimiento de los sistemas públicos de protección y promoción de los derechos humanos de los grupos más afectados por la pandemia. La revisión de los gastos tributarios permitiría obtener recursos para financiar políticas sanitarias adecuadas y de protección social en este contexto extremo de crisis económica y social. 

Desde ACIJ, INESC, Dejusticia, ICEFI, Fundación Solidaridad, Grupo FARO, ISD, Fundar, Ciudadanos al Día, IBP y el CERS instamos a los Estados a:

  1. Evaluar las exenciones tributarias existentes para determinar cuáles deberían eliminarse por ser injustificadas e inequitativas;
  2. Acordar la no aprobación de nuevos privilegios fiscales, salvo en casos urgentes y de efectividad comprobada y preferiblemente en beneficio de las poblaciones vulnerables y pequeñas empresas;
  3. Reformar y racionalizar el proceso de aprobación y revisión de los gastos tributarios, aumentando la transparencia, identificando beneficiarios/as, incluyendo evaluaciones de impacto, y sujetándolos a un escrutinio independiente;
  4. Implementar medidas y mecanismos para lograr un sistema tributario globalmente progresivo.