Las asignaciones deben ser un derecho de todas las niñas, niños y adolescentes

La medida anunciada en el día de hoy por el Estado Nacional, por la cual se decidió duplicar el monto de las Asignaciones Familiares, si bien beneficia a más de 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes (NNA) -lo cual debe ser celebrado-, evidencia un problema estructural de diseño en las políticas de transferencia de ingresos para las infancias.

Al mantenerse inalterados los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la decisión genera una grave situación de desigualdad respecto de más de 4.4 millones NNA que se benefician de dicha Asignación. A pesar de que estos últimos habitualmente se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, a partir de ahora recibirán, para cubrir sus necesidades básicas, asignaciones estatales cuyo monto será la mitad de lo que recibirán los hijos e hijas de las personas con empleo formal (1).

Las asignaciones destinadas a la infancia deben ser abordadas como un derecho de las y los niños, y su otorgamiento no debería verse afectado por las condiciones laborales de sus padres o madres. Mucho menos si su cuantificación resulta regresiva en perjuicio de las familias de menores ingresos.

Aun cuando la medida supone un avance en la capacidad de consumo familiar de sus beneficiarios y beneficiarias, al implementarse con la finalidad principal de “mejorar los ingresos de las/os asalariadas/os” deja entrever una mirada adultocéntrica que debe ser revisada si se pretende cumplir con los compromisos internacionales que el Estado ha asumido frente a las infancias.

Es imprescindible que Argentina adopte en forma urgente un sistema de asignaciones único e igualitario, que brinde fondos suficientes para garantizar las necesidades básicas de niñas, niños y adolescentes, y que sea concebido como un derecho que les asiste a ellos en lugar de a sus familias.

(1) Si bien niñas y niños de hasta 14 años que perciben la AUH también reciben Tarjeta Alimentaria, en la mayoría de los casos el monto de esta última es menor, responde a una política de emergencia y supone una limitación respecto del tipo de consumos que permite.