10.08.22 // Derechos Económicos Sociales y Culturales (novedades)

Junto a la Red DESC, lanzamos una posición colectiva sobre datos en materia de derechos económicos, sociales y culturales

En este documento nos preguntamos quién decide qué se cuenta, cómo se cuenta y cómo se emplea la información, e identificamos un conjunto de cinco principios interrelacionados que deben regir su recolección y utilización, a fin de bregar por datos que se centren en las personas y las comunidades, y -al hacerlo- contribuyan a una toma de decisiones más inclusiva, democrática y efectiva. Accedé al posicionamiento.

La producción de información es esencial para la realización de los derechos humanos. Sin ella, los Estados se ven imposibilitados de adoptar políticas basadas en evidencia, y la sociedad civil ve sustantivamente limitada su capacidad de controlar la gestión pública. Pese a que han asumido obligaciones en ese sentido, en la actualidad los gobiernos no producen ni emplean los tipos de datos necesarios para avanzar en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y con frecuencia sus prácticas hasta profundizan las desigualdades existentes. 

Las comunidades vulnerabilizadas siempre fueron excluidas de los procesos de recolección y utilización de la información, lo que las volvió invisibles frente a quienes diseñan los programas estatales. Incluso cuando se recopilan datos pertinentes, no suelen ponerse a disposición de estos grupos de modo tal que puedan usarlos para participar en los procesos de toma de decisiones. Y en aquellas oportunidades en las que estos deciden recabar sus propios datos, se los descarta con el argumento de que no son objetivos y creíbles. 

Además, la digitalización de todos los aspectos de nuestras vidas dio gran poder a las empresas de tecnología y redujo significativamente el contralor que ejercemos sobre la información, lo que tiene serias consecuencias para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. A medida que los Estados tercerizan sus funciones, entidades privadas adquieren la posibilidad de influir en el acceso de las personas a servicios, mercados y oportunidades, sin que existan mecanismos adecuados de rendición de cuentas. El resultado es un considerable desequilibrio de poder, que se proyecta sobre las prácticas estatales y sobre las trayectorias vitales de ciudadanos y ciudadanas.

En ese contexto, desde la Red de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red DESC), de la cual la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) es parte, lanzamos una posición colectiva que busca ser un punto de referencia para bregar por datos que se centren en las personas y las comunidades, y -al hacerlo- contribuyan a una toma de decisiones más inclusiva, democrática y efectiva. En este documento, nos preguntamos quién decide qué se cuenta, cómo se cuenta y cómo se emplea la información, e identificamos un conjunto de cinco principios interrelacionados que deben regir su recolección y utilización en lo relativo a los derechos económicos, sociales y culturales. Estos principios son: igualdad y no discriminación, alta calidad, participación, transparencia y accesibilidad, y privacidad. A su vez, considerando que asistimos a un fenómeno de uso incesante y masivo de datos personales por parte de empresas, la posición colectiva reafirma el papel de los Estados en la producción de información correcta, representativa y relevante, así como en la regulación del sector privado, para proteger los derechos humanos.

Desde ACIJ y la Red DESC, esperamos que este trabajo se constituya en un insumo para elevar los estándares en materia de producción de datos, y de ese modo aporte a la elaboración de políticas públicas que combatan las desigualdades y edifiquen sociedades más justas e inclusivas.

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