El día de las niñas y los niños, una oportunidad para reflexionar sobre los derechos y las infancias

La infancia es destinataria formal de un sistema de protección integral y existe un robusto consenso social en torno a la exigibilidad prioritaria de sus derechos, especialmente la salud y la educación, históricamente concebidas como políticas sociales universales en Argentina. En el marco de un año de crisis, signado por las medidas de emergencia, desde ACIJ convocamos a autoridades y referentes de la sociedad civil y de la política, a poner en debate la situación de la infancia en nuestro país.

A pesar del reconocimiento de los derechos en el texto legal, la pobreza afecta particularmente a niñas, niños y adolescentes. Estimaciones recientes de UNICEF indican que alcanza a 6 de cada 10 niñas y niños, y seguiría creciendo hasta alcanzar un máximo que supere el 70%. Eso significa que más de 8 millones de niñas y niños, transcurren una etapa determinante de su vida y su desarrollo, en condiciones de carencia y con sus derechos vulnerados. 

Con la reciente conformación del sistema de protección integral a nivel federal, mediante la designación de la defensora de niñas, niños y adolescentes, la infancia ha vivido un avance en lo formal hacia la garantía de sus derechos. Sin embargo, todavía el acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, son hoy determinantes en la existencia de una brecha de desigualdad que separa a niñas y niños por las condiciones económicas de su grupo familiar. En el marco de la pandemia, las inequidades se profundizaron. Si bien parece que los problemas responden a las urgencias actuales, en realidad son el resultado de una crisis profunda puesta sobre años de ausencia estatal e inequidad.

Desde ACIJ queremos llamar la atención, sobre dos agendas que requieren una intervención urgente y profunda para frenar el avance de la pobreza y el ensanchamiento de la brecha entre la vigencia efectiva de los derechos y la niñez que crece en condiciones desiguales.  

1. La igualdad educativa 

La falta de vacantes escolares y las escuelas inseguras son problemáticas muy extendidas que vulneran los derechos de las niñas y niños y sus familias. Hoy la escuela remota parece poner en pausa ese conflicto, pero en realidad lo profundiza. Muchas niñas y niños encuentran enormes desafíos para sostener la escolaridad en este contexto, no pudiendo acceder a internet ni a dispositivos electrónicos suficientes, quedando en peores condiciones para ejercer sus derechos. 

Más aún, todos los contextos de vuelta a clase que se encuentran en evaluación plantean la necesidad de una infraestructura escolar adecuada, sin superpoblación en las aulas y con condiciones para implementar medidas de higiene adecuadas. Recursos básicos como el agua no están disponibles en todas las escuelas. Y es probable que el regreso no sea en la modalidad que conocíamos, con clases de lunes a viernes, sino en un esquema mixto en que la virtualidad siga presente. 

En este contexto, vemos con profunda preocupación que muchas de las familias que luchaban por contar con acceso a vacantes, por no tener que trasladarse a escuelas distantes o por contar con infraestructuras escolares seguras, enfrentan ahora también limitaciones para acceder a internet y a dispositivos electrónicos. 

Las exclusiones que precedían la pandemia se profundizan y multiplican, pero afectan a los mismos sectores de la sociedad. Son las mismas niñas y niños los que se ven nuevamente excluidos del sistema escolar con su derecho a educarse absolutamente insatisfecho, pero también con una nueva vulneración a otros derechos a los cuales esa educación les permitía acceder. No hay educación sexual integral, no hay alimentación en entornos escolares, no hay formación para el empleo ni prevención del trabajo infantil sin una escolaridad adecuada.

2. Una asignación realmente universal que garantice la alimentación de niñas y niños

Aunque las políticas de transferencias de recursos alcanzan a gran parte de la población infantil, son deficitarias y presentan limitaciones: más de un 10% de la población en condiciones de acceder a ellas no las perciben. Es decir, cerca de 1.6 millones de niñas y niños que debieran recibir prestaciones sociales no lo hacen.

Los sistemas de transferencias a la niñez, paradójicamente, parten de una perspectiva adultocéntrica que las y los clasifica según el empleo, origen y condiciones de sus grupos familiares, lo que termina generando un sistema fragmentado y discriminatorio. La Asignación Universal por Hija/o es una política clave en la promoción de acciones de la infancia pero, como señalan CIPPEC y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, presenta limitaciones que reducen su impacto en evitar las vulneraciones a los derechos de las infancias pobres. 

En especial, es insuficiente para  garantizar la alimentación y los bienes básicos que requiere una niña o un niño para desarrollar su vida de forma adecuada ya que solo permite costear el 45% de la canasta básica alimentaria lo que significa el 18% de la canasta básica total. Carecen de la universalidad que requiere la infancia, ya que excluyen a niñas y niños por: la nacionalidad de sus familiares, el número de hermanas y hermanos, el incumplimiento de condicionalidades que acrediten su acceso a la salud y la educación, entre otros. Y al estar segmentadas por la situación laboral de su grupo familiar discriminan y segmentan, con respuestas diferentes en términos de montos y requisitos, cuando las situaciones no lo ameritan. 

Desde ACIJ consideramos que los sistemas de transferencias monetarias a la niñez son una base fuerte para asegurar derechos, pero todavía existen mejoras necesarias sobre los siguientes ejes: (i) lograr la universalidad incluyendo a más de un millón y medio de niñas y niños que no reciben ninguna transferencia y dejando de lado categorías sospechosas de discriminación como la nacionalidad, (ii) alcanzar transferencias suficientes que aseguren las necesidades básicas de la infancia, (iii) diseñar e implementar un sistema unificado con base en la niñez y no en la situación laboral de los adultos de los grupos familiares, (iv) terminar con condicionalidades sancionatorias que penalizan a niñas y niños por otras vulneraciones a sus derechos (educación y salud) y pasar a un sistema protectorio que desencadene una intervención estatal en esos casos. 

Especialmente en este contexto de crisis que genera grandes desafíos, las infancias de nuestro país requieren ser puestas en el centro del debate público para definir cómo se van a frenar el avance del hambre y la exclusión.