Se votaron las primeras de un conjunto de leyes que afectarán las políticas públicas locales de los próximos años, en un contexto condicionado por la designación de 31 cargos[i] a aprobarse en diciembre.
En la sesión transcurrida ayer (jueves 7 de noviembre) en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se dio aprobación, entre otros, a los proyectos N° 2511 y 2512/2013, impulsados por el Jefe de Gobierno, en virtud de los cuales se aprueba la venta de 38 inmuebles de propiedad estatal, los que serán vendidos e incorporados al mercado inmobiliario. Este tipo de trato al patrimonio de bien público -sin una adecuada evaluación de las características de cada inmueble, de sus actuales y potenciales usos, así como de su destino efectivo- omite considerar la creciente necesidad de tierras públicas que resultarían imprescindibles para revertir el déficit que padece la Ciudad en materia habitacional y de establecimientos educativos, entre otros.
Asimismo, estos proyectos forman parte de más de 20 iniciativas parlamentarias de suma trascendencia que la Legislatura podría sancionar antes de fin de año, incluyendo la venta y/o concesión de cientos de hectáreas públicas, la autorización de nuevos shoppings y barrios de lujo, la modificación de normas de transparencia pública, entre otras. Muchos de estos proyectos, que requieren de mayorías parlamentarias calificadas, hace años se discuten en la Legislatura sin los consensos necesarios para ser aprobados, y ahora pretenden aprobarse mediante un tratamiento veloz.
Leyes de esta trascendencia requieren ser debatidas en forma profunda y transparente, previendo instancias adecuadas para la participación ciudadana, con suficiente tiempo de análisis, reflexión e intercambio entre los actores involucrados, y sin condicionamientos de ningún tipo respecto de los posicionamientos de quienes deben resolver sobre su eventual aprobación. Todo ello no parece verificarse en el marco del tratamiento de estos proyectos.
El actual contexto, en el que está en juego la designación de 31 cargos públicos de relevancia para el sistema de protección de derechos de nuestra ciudad y para los cuales son candidatos integrantes de casi todos los bloques legislativos -incluyendo una mayoría de diputados salientes-, podría condicionar fuertemente el debate sobre dichas leyes.
Las organizaciones abajo firmantes transmitimos nuestra preocupación por el avance de estos proyectos de ley que afectarán en forma significativa la posibilidad de implementar políticas públicas eficientes respecto de diversas problemáticas durante los próximos años, y requerimos que se posponga el tratamiento de los mismos hasta tanto se concluya el proceso de designación de cargos antes descripto, fundamentales en la defensa de derechos.
[i] Los cargos a designar son: Fiscal General, Defensor General, Asesor General Tutelar, Defensor del Pueblo, Defensores del Pueblo adjuntos (5), Directores del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos (5), integrantes del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (5), integrantes del Consejo del Plan Urbano Ambiental (9), e integrantes del Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública (3).