Un llamado a frenar la violencia contra niñas, niños y adolescentes

En las últimas semanas, marcadas por coberturas periodísticas relativas a la emergencia sanitaria por la pandemia que afecta a la mayoría de los países del mundo, una serie de noticias deberían haber llamado la atención en nuestro país sobre un problema históricamente invisibilizado y poco atendido: las diferentes formas de violencia que sufren niñas, niños y adolescentes. 

En el contexto de emergencia social que vivimos es necesario asegurar mecanismos adecuados para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente de quienes sufren violencia. Es urgente que los distintos niveles del Estado y las instituciones de protección como las defensorías provinciales y la recientemente creada defensoría federal de niñas, niños y adolescentes pongan en debate las diferentes formas de violencia, informen a niñas, niños y adolescentes sobre sus derechos, y aseguren canales efectivos y seguros para realizar denuncias, pedir asistencia y contención. 

La escuela, con sus desafíos y dificultades, constituye uno de los pocos espacios de escucha y seguridad en los que el Estado ofrece contención a niñas y niños. Ante la suspensión de las clases, la convivencia en aislamiento con el grupo familiar enfrenta desafíos y, en muchos contextos, puede profundizar situaciones de violencia pre-existentes y promover condiciones para que se desarrollen nuevas acciones violentas difíciles de denunciar. Los contextos violentos también afectan, en ocasiones, a quienes viven en hogares o instituciones de cuidado lejos de su familia, históricamente silenciados e invisibilizados.

Por otra parte, en el marco de las limitaciones a circular por la vía pública, los adolescentes se ven especialmente expuestos a interacciones con las fuerzas policiales y de seguridad en las que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad ante casos de abuso y violencia institucional.
Niñas y niños conforman un grupo en especial situación de desprotección, que sufre frecuentemente limitaciones a sus derechos y enfrenta especiales dificultades en el acceso a la justicia. La falta de contextos adecuados para que alguien escuche las denuncias de niñas y niños y otorgue valor de verdad a sus palabras, la convicción que asigna a la violencia intrafamiliar carácter de problemática privada, los prejuicios y estigmas que enfrentan especialmente las y los adolescentes -más aún si se encuentran en condiciones de pobreza- son algunas de las barreras que, día a día, les impiden acceder a sus derechos y salir de contextos violentos o acceder a la justicia por los malos tratos sufridos. Las medidas de distanciamiento social obligatorio agudizan estas barreras. En este escenario, la falta de una política federal que visibilice y atienda de forma efectiva las diferentes violencias que enfrentan la niñez y la adolescencia profundiza su vulnerabilidad.

COLECTIVO INFANCIA EN DEUDA