14.05.21 // Igualdad educativa (novedades)

Solicitamos a la justicia porteña que obligue al Estado a asegurar conectividad y dispositivos a estudiantes que no pueden sostener la presencialidad en las aulas

A más de un año de iniciada la acción judicial y a más de cuatro meses de presentada una nueva medida cautelar solicitamos a la justicia que ordene al gobierno porteño tomar las medidas necesarias para garantizar la conectividad de aquellas niñas y niños que no  pueden sostener la presencialidad escolar. 

La causa tramita desde mayo del año pasado, cuando exigimos judicialmente al gobierno porteño que brinde conexión a internet y dispositivos tecnológicos para que la totalidad de alumnas y alumnos de la Ciudad tengan los mismos derechos y accedan sin discriminacion a la educación.

Si bien durante 2021 el Gobierno de la Ciudad viene sosteniendo la presencialidad como modalidad educativa, ésta es sólo parcial. En un contexto en el que casi la mitad de las y los estudiantes de barrios populares de CABA no cuentan con una computadora en su hogar ni tienen acceso a internet, el GCBA omite adoptar políticas integrales de conectividad y brindar soluciones dirigidas a quienes no pueden sostener las instancias de presencialidad.

En concreto, el gobierno porteño no ha tomado medidas para garantizar la continuidad educativa de quienes son considerados población de riesgo y/o que conviven con familiares que requieren especial cuidado, ni para estudiantes que formen parte de una “burbuja sanitaria” y que deben ser aislados por haber contraído COVID-19 o ser contactos estrechos. 

Cabe señalar que tampoco se brindaron soluciones a las  escuelas que  enfrentan serios obstáculos para sostener la presencialidad, ya sea por plantas docentes y no docentes reducidas o por la falta de infraestructura y condiciones adecuadas en el contexto de la pandemia.

Aunque la medida cautelar por conectividad y dispositivos fue solicitada originalmente en el mes de enero, y el GCBA no cuenta aún con protocolos idóneos y condiciones adecuadas, el juzgado hasta ahora no ha dictado las resoluciones necesarias para asegurar el acceso al derecho a la educación de los colectivos más vulnerabilizados.

En el Día Internacional de Internet, reiteramos que la conectividad es un derecho y es la llave para acceder a otros, como la educación, la salud, la comunicación y la información, entre otros. Por eso el Estado, en todos los niveles y en todos sus poderes, debe trabajar de manera conjunta para terminar con la brecha digital en Argentina. 

Es URGENTE que el Poder Judicial se pronuncie y obligue al Estado a garantizar el acceso a internet y a la educación mientras dure el contexto de pandemia. 

(1) – 43.8% no cuentan con computadora y 45.9 no tienen acceso a internet en el hogar. Fuente; “Efectos sociales del escenario COVID-19 en las comunas y villas de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires”,  Observatorio de la Deuda Social Argentina y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

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