Semana Presupuesto y Derechos: Presentamos el informe “El Poder Judicial y el Ministerio Público en el proyecto de ley de presupuesto 2021″

En términos generales, el presupuesto de los Estados es el reflejo de sus prioridades y principales compromisos. En esta pieza normativa se expresa -además de la forma en la que el Estado pretende financiarse- cómo, cuándo y cuántos recursos piensa gastar. Entre estos gastos se encuentran aquellos referidos a funciones indelegables de nuestras instituciones públicas y que hacen al correcto funcionamiento de los tres Poderes públicos, entre los que se encuentran el Poder Judicial y el Ministerio Público.

A raíz de la presentación del proyecto de presupuesto para el año 2021, y en el marco de la discusión sobre la reforma judicial, resulta relevante analizar cómo interactúan estos dos debates y el impacto que tiene la propuesta de recursos realizada para el próximo año, a la luz de la evolución presupuestaria de los últimos períodos. 

Por esta razón, en este documento ACIJ se propone analizar las propuestas presupuestarias para el Poder Judicial y el Ministerio Público contenidas en el proyecto de ley actualmente en debate en el Congreso de la Nación. 

De este análisis surgen hallazgos relevantes como que la comparación entre el presupuesto estimado en el proyecto 2021 para el Poder Judicial y el Ministerio Público y el vigente o devengado en años anteriores muestra un decrecimiento interanual considerable (excepto para el caso del MPD respecto al 2020), o que el presupuesto previsto para el próximo año al Ministerio Público se encuentra por debajo del piso de recursos que les hubieran correspondido de no haberse derogado por decreto las garantías de autarquía financiera establecidas en las leyes 27.148 y 27.149. 

El documento tiene como objetivo poner de relieve una serie de datos que colaboren a revertir la falta de debate que caracteriza el Congreso respecto a la porción del proyecto de presupuesto relativa al Poder Judicial y el Ministerio Público. Además de su importancia por ser el órgano de deliberación pública entre las distintas fuerzas políticas, la falta de un debate robusto en el Congreso atenta contra las posibilidades de que la ciudadanía participe de este proceso y se agencie de un espacio para incidir en las definiciones sobre el sistema de justicia.

La discusión de una reforma judicial debe venir necesariamente acompañada de una revisión respecto a los recursos públicos, que deben ser destinados al sistema de justicia, a partir de los objetivos que se espera que cumpla y las prioridades a partir de las cuáles se distribuirá el presupuesto. 

Desde esta óptica, el debate presupuestario debe darse ya no como una mera autorización de gastos entre los Poderes del Estado, sino como instancia fundamental para la protección y garantía de derechos desde un proceso basado en la participación, la transparencia y la rendición de cuentas.