Las organizaciones integrantes del colectivo Infancia en Deuda pedimos al Gobierno de la provincia de Salta que considere mantener abiertas las escuelas durante el verano en los departamentos provinciales declarados en emergencia sociosanitaria, a fin de garantizar la alimentación y la contención de niñas, niños y adolescentes.
Valoramos el anuncio realizado por el Gobierno de la Provincia de Salta vinculado con el regreso a clases bajo modalidad mixta, establecida para el día 1 de marzo del año 2021. En este marco, la combinación entre la presencialidad y la continuación de la vía remota exigirá que se garanticen condiciones de infraestructura -que cumplan requisitos sanitarios, de higiene y de seguridad en un contexto de distanciamiento- y condiciones de conectividad y equipamiento (netbooks o computadoras), de forma tal que pueda asegurarse el pleno ejercicio del derecho a la educación para aquellas poblaciones vulnerabilizadas, con un acceso nulo o deficiente a la conectividad.
Sin embargo, considerando la excepcionalidad del contexto y la gravedad de la situación alimentaria de niños y niñas en la Provincia, estimamos importante que las autoridades educativas evalúen y adopten medidas destinadas a mantener las infraestructuras escolares abiertas durante el receso de verano para actividades recreativas, siempre y cuando las condiciones de seguridad sanitaria lo permitan, de modo que las escuelas puedan continuar cumpliendo su rol fundamental en la alimentación, la socialización y la prevención de las violencias contra niñas, niños y adolescentes, priorizando aquellas zonas donde se han diagnosticado niños y niñas con déficit alimentario agudo y crónico en términos nutricionales.
En particular, creemos que es urgente la apertura de escuelas durante el período de estival vacaciones en los Departamentos de Orán, Rivadavia y General San Martín, declarados en emergencia sociosanitaria debido a la grave crisis que atraviesa la región, manifestada principalmente en el fallecimiento de al menos nueve niños y niñas indígenas por cuadros de desnutrición o enfermedades asociadas a ella, y el agravamiento de la salud de cientos en similar condición. El Ministerio de Salud Pública de Salta detectó unos 780 niños y niñas menores de 5 años con muy bajo y bajo peso, con signos de desnutrición aguda. Asimismo, se identificó a más de 10.000 niños y niñas menores de 5 años en riesgo de desnutrición aguda. Si bien el comedor escolar constituye solo un refuerzo alimentario, no se puede ignorar la realidad nutricional de la población infantil cuando este disminuye o se suspende durante períodos de receso escolar o no presencialidad.
Si bien de manera informal se ha comunicado, por distintos canales, la intención de proceder a la apertura de escuelas con la finalidad antes detallada, consideramos oportuno que se comuniquen públicamente los períodos específicos de apertura, horarios y listado de establecimientos afectados para que niñas, niños y adolescentes puedan informarse y así acceder a su derecho a la alimentación durante los meses críticos del verano.
Los derechos de las infancias y adolescencias son una prioridad de Estado de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes nacionales. Este reconocimiento normativo debe ser una realidad en los hechos y la priorización de la educación, con políticas públicas pensadas, sostenidas y financiadas, es absolutamente central para que ello ocurra.