Reformar la justicia: desafíos para un poder judicial accesible, independiente y comprometido con los derechos

El pasado 16 de junio desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) realizamos el primer encuentro de un ciclo de conversaciones, cuyo objetivo es construir un debate inclusivo y plural sobre los desafíos para lograr un Poder Judicial accesible, independiente y comprometido con los derechos.

Del evento participaron Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; Paola Bergallo, doctora en Derecho, profesora de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora del Conicet; Ursula Indacochea, Magíster en Derecho Constitucional y Directora del Programa de Independencia Judicial de Due Process of Law Foundation; y Roberto Gargarella, sociólogo, doctor en Derecho y profesor titular de la Facultad de Derecho de la UBA.

La apertura y la moderación estuvo a cargo de Sebastián Pilo, co director de ACIJ, quien resaltó que el conversatorio se inscribe en una iniciativa destinada a abordar un debate de mucha actualidad y relevancia, con el propósito de aportar a una discusión integral para un Poder Judicial más accesible para los grupos vulnerabilizados, más transparente, independiente de los poderes políticos y económicos, y capaz de procesar las necesidades jurídicas de la población y proteger los derechos.

La primera oradora fue Úrsula Indacochea, quien realizó un diagnóstico detallado de la situación de los Poderes Judiciales de América Latina en el marco de la pandemia y destacó que la emergencia encontró a muchos de ellos en una crisis de independencia y escasez de modernización. Sobre este contexto tan particular destacó la preocupación en materia de acceso a la justicia que se presenta durante la pandemia y la limitadas medidas para aumentar capacidades en problemáticas que se han visto agravadas durante este escenario como la falta de acceso a la salud, al trabajo o el aumento de la violencia de género. También mencionó la preocupante paralización de causas judiciales de suma relevancia en la región – como en las que se investigan denuncias de gran corrupción -, así como la penetración de la corrupción en los poderes judiciales, algunos de los cuales se encontraban en procesos de reforma hasta el inicio de la pandemia, por lo que preocupa su continuidad.

Por su parte, Paola Bergallo se propuso abordar los desafíos metodológicos que implica pensar una reforma del Poder Judicial. Sobre este punto destacó que ya tenemos diagnósticos suficientes sobre sus problemas, pero que necesitamos adecuar las formas en las que pensamos su transformación respecto a cómo se abordaron los intentos de reforma anteriores. Resaltó la importancia de revisar los actores a cargo de estas reformas, para abandonar la idea de que sólo los profesionales del derecho están en condiciones de discutir al respecto y la necesidad de incorporar una mirada interdisciplinaria. Asimismo, subrayó la importancia de incorporar una mirada de gestión basada en datos y evidencia que procure revertir la fragmentación temática basada en la distinción entre problemas penales y civiles, la descoordinación entre los diversos actores y la segmentación territorial. Por último, y en un intento de imaginar posibles caminos para abordar esta discusión, propuso sentar a la mesa a numerosos actores pensando en un gran acuerdo con amplitud de perfiles, incorporando a las mujeres, a las diversidades sexuales y a todos los colectivos que sufren vulneraciones del derecho actualmente.

Roberto Gargarella continuó desarrollando algunas de las principales causas que hoy nos llevan a consensuar la necesidad de una reforma del Poder Judicial. Al respecto destacó dos quiebres institucionales que identifica como el origen del problema. En primer lugar, entiende que la aspiración de representación plena de la sociedad ya no es posible bajo un modelo institucional que estaba pensado para otro contexto. Al respecto, destacó que nuestras instituciones, incluido el Poder Judicial, ya no pueden captar adecuadamente la multiculturalidad y diversidad de nuestras sociedades. En segunda instancia explicó que este quiebre surge de un sistema de control endógeno basado en los pesos y contrapesos que se hizo para evitar el control externo de la ciudadanía. Esto generó en Argentina y otros países de la región la autonomización de la clase dirigente, que actúa en su propio beneficio y sin controles. Concluyó que por estos motivos no tiene sentido pensar reformas que impliquen devolver el poder de control a quienes están dentro de esta elite beneficiada y que lo hay que hacer es buscar experiencias exitosas para reforzar el poder desde la ciudadanía sin mediación institucional.

Por último, Elizabeth Gómez Alcorta comenzó su intervención planteando que la reforma del Poder Judicial es una deuda de la democracia en doble sentido. En primer lugar porque es la institución que menos se ha visto revisada críticamente desde el regreso de la democracia, y que fue cómplice por acción u omisión de la dictadura cívico-militar. Según la ministra, lo que ha habido en estos años son pequeños parches, intentos de mejoras con idas y vueltas. En segundo lugar, explicó que en base a un determinado modelo de independencia del Poder Judicial se sostienen privilegios que generan una casta de funcionarios y funcionarias alejados de la idea de un servicio público, producto de una mirada que genera una fantasía en términos políticos y discursivos. Además, remarcó que hay que poner de relevancia los vínculos de poder, ya que el control de la ciudadanía sobre el Poder Judicial es nulo. Para finalizar, planteó que es necesario poder hacer un análisis sobre los obstáculos para el acceso a los cargos jerárquicos de las mujeres y diversidades sexuales, y destacó que existe una ausencia de perspectiva de género al momento de resolver los conflictos.

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