Organizaciones de la sociedad civil alertan sobre el debilitamiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso

A través de una nota enviada a legisladores nacionales, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Amnistía Internacional Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) expresaron su preocupación ante recientes decisiones institucionales que restringen la autonomía financiera, técnica y operativa de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El reclamo se centra en diversas acciones que impactan sobre el funcionamiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En primer lugar, se denuncia la pérdida de su autonomía financiera a partir de la Resolución 11/2026 de la Comisión Bicameral de Supervisión Parlamentaria (CSP), la cual derogó el esquema de administración propia vigente desde 2021 y transfirió el control presupuestario a las presidencias de ambas Cámaras, en contraposición a los estándares fijados por la OCDE para resguardar a las instituciones fiscales independientes de presiones políticas.

A esto se suma la imposición de un control previo sobre los informes técnicos mediante la Resolución 3/2026 de la CSP, que obliga a requerir autorización previa para cualquier análisis no contemplado en el Plan Anual de Trabajo, estableciendo de facto un mecanismo de veto sobre la agenda técnica.

En tercer lugar, se observa una caída histórica en la demanda legislativa, dado que durante 2026 no hubo solicitudes de estimaciones de impacto fiscal de proyectos de ley, un retroceso inédito que evidencia la falta de uso de insumos basados en evidencia.

Ante este escenario, las organizaciones instaron al Congreso a revisar estas reformas reglamentarias y a retomar el uso sistemático de los informes de impacto fiscal en el debate legislativo.