El desmantelamiento de las políticas contra la violencia de género representa un retroceso institucional de 37 años

El pasado viernes 28 de junio se despidió al 85% del personal de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género (Ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad). La drástica reducción de casi la totalidad del personal materializa el cierre de la Subsecretaría, previamente anunciado el 4 de junio por el Gobierno Nacional. Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) analizamos el presupuesto ejecutado por el Ministerio en 2023 para entender la gravedad y el alcance del desmantelamiento  de las políticas públicas fundamentales para la prevención y atención de casos de violencia de género. A continuación, se detallan los principales hallazgos:

1- ¿Qué magnitud tenían y a qué se destinaban los recursos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad?

a) En 2023, el presupuesto del MMGYD representó apenas el 0,21% del presupuesto total nacional, siendo el 4to más bajo entre los 17 ministerios que integraban el Poder Ejecutivo Nacional.

b) Al analizar la distribución del presupuesto del MMGYD por actividades, se advierte que más del 90% correspondió a acciones para erradicar la violencia de género. 

c) Dentro del presupuesto de las acciones contra la violencia de género,  se destinó el 92% a transferencias del Programa Acompañar, que otorga un apoyo económico mediante transferencia directa sin intermediarios a quienes se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género.

d) El objetivo del programa Acompañar es fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género a través de apoyo económico y psicosocial para las víctimas.

e) De acuerdo con el Informe de Gestión 2023 del MMGyD, desde el inicio del Programa Acompañar en septiembre de 2020 a noviembre de 2023, accedieron al programa más de 352.000 personas en situación de violencia de género de todo el país. 

f) Bajo la órbita del programa contra la violencia también se desarrollaban la Línea 144, que recibió más de 62 mil comunicaciones en 2023 (según informó a ELA la Subsecretaría en respuesta a un pedido de acceso a la información pública (PAIP)), y acciones de ayuda urgente para familiares de víctimas de femicidio, transfemicidios y travesticidios, entre otros.

2- ¿Qué pasó con estos programas en 2024? 

a) El análisis presupuestario da cuenta de una fuerte caída en la ejecución de estas políticas en 2024, bajo jurisdicción de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género, en el Ministerio de Capital Humano. El conjunto de los programas que hasta el año pasado formaban parte del Ministerio, entre enero y abril habían ejecutado un 78% menos que el mismo periodo del año anterior. 

b) El programa ACOMPAÑAR ejecutó un 79% menos que en el mismo periodo de 2023. De acuerdo con la respuesta brindada por la Subsecretaría de Protección contra la Violencia el 10 de junio al PAIP presentado por ELA, de las 20.000 altas programadas para el primer trimestre de 2024, sólo se realizaron 434. Ello, pese a que entre enero y marzo de 2024 se presentaron 2.462 solicitudes de personas en situación de violencia para ingresar al AcompañAR. El 54,4% de las personas se encontraba con el máximo nivel de riesgo.

c) Respecto a las acciones de fortalecimiento de la Línea 144, se ejecutó un 25% menos. Durante el primer trimestre de 2024, la Línea 144 recibió 9.011 comunicaciones relacionadas con situaciones de violencia de género, realizó 18.409 asistencias y cuenta con 9.957 casos de violencia de género que se encuentran en seguimiento. Como consecuencia de los despidos ocurridos en la Subsecretaría, trabajadoras/es denuncian que hay guardias de la línea que quedaron con solo 2 trabajadoras a cargo, lo que hace imposible la sostenibilidad del servicio que se prestaba. 

d) Las acciones de ayuda urgentes para familiares de víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios no ejecutó presupuesto durante el primer cuatrimestre de 2024. El Informe de Gestión 2023 del MMGyD informaba que, desde su lanzamiento en junio de 2022 hasta diciembre de 2023, fueron acompañadas de manera integral 903 personas familiares o allegadas de víctimas de violencias extremas y recibieron apoyo económico 623 personas. En la respuesta recibida por ELA al PAIP se detalla que en el primer trimestre de 2024 se asistieron solo 13 situaciones de las 50 proyectadas, desvío que se atribuye a la “falta de circuito de firma y de una habilitación presupuestaria para dar trámite a PAU en base a las pautas que la autoridad política defina”, a lo que suma la aclaración de que “las 13 transferencias que aquí se reportan corresponden a expedientes del año 2023 cuyo cobro se ejecutó en el curso del mes de enero del año vigente.”

La violencia de género, en su manifestación más extrema, se refleja en cifras contundentes y alarmantes: en Argentina, sólo en el último año, se registraron 250 femicidios. Que exista un órgano rector a nivel nacional para el diseño e implementación de políticas de género  no es solo una cuestión de voluntad política. El Estado tiene la obligación de cumplir con leyes nacionales como la 26.485 de Protección integral de las mujeres y con compromisos internacionales asumidos. Habla de una decisión por parte del Estado de centralizar en un mismo organismo el diseño y ejecución de políticas públicas para enfrentar una problemática urgente como es la violencia de género.

El cierre de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género representa un retroceso institucional de 37 años, remitiendo a tiempos previos a 1987 cuando se creó la primera subsecretaría de la mujer. Sin las herramientas institucionales y de gestión necesarias para abordar estos problemas de manera seria y eficaz, la situación sólo continuará agravándose. La consecuencia de no contar con programas de prevención y atención es que las personas en situación de violencia se resignan a no buscar ayuda y regresan con el agresor, poniendo en riesgo su vida y la de sus familias.

Para enfrentar esta problemática y garantizar el acceso a derechos de las mujeres y diversidades que sufren violencia es fundamental contar con instituciones y personal especializado. Además, es clave contar con un presupuesto adecuado, que asegure la capacidad del Estado para cumplir su deber de prevenir, proteger, sancionar y erradicar la violencia.