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Cuatro ONG reclaman mayor transparencia en el Parlamento

Un grupo de organizaciones no gubernamentales elevó ayer al presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Balestrini, una propuesta conjunta para mejorar la transparencia de la actividad legislativa y facilitar el acceso a la información pública.

En una reunión llevada a cabo en el Palacio del Congreso, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y la Fundación Poder Ciudadano presentaron a Balestrini las conclusiones de un largo trabajo de monitoreo de la labor parlamentaria.

Los principales temas en los que hace énfasis el informe de las ONG son el abuso de la votación nominal en las sesiones del Congreso, la información sobre compras, la publicidad de los decretos presidenciales y el acceso a los archivos de las reuniones de comisión.

Las entidades denunciaron incumplimientos del reglamento por parte de los legisladores y sugirieron que se instrumenten sanciones efectivas para esos casos.

En coincidencia con el reclamo, las ONG que se reunieron con Balestrini integran también el arco de fundaciones que rechazan el proyecto oficial para reformar el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, ese tema no se debatió en el encuentro.

“La Cámara de Diputados necesita una gradual y profunda modernización, que debe guiarse por los principios de acceso a la información pública, transparencia y participación ciudadana”, dijo Laura Alonso, de Poder Ciudadano, según consigna un despacho de la agencia informativa Infocívica.

Nicolás Ducote, director ejecutivo de Cippec, opinó que el recambio de la cámara presenta “una oportunidad para trabajar en pos de la revalorización de la institución legislativa y el fortalecimiento de sus capacidades y su vinculo con la sociedad”.

Uno de los principales temas de discusión en la reunión con Balestrini fue el manejo del presupuesto legislativo. Las ONG aconsejaron al diputado que empiece a publicarse en Internet la ejecución de las partidas y la creación de una oficina de control presupuestario.

Según indicaron los representantes sociales, se expuso la necesidad de publicar la información en todo el proceso de compras del Estado, como forma de contribuir a su fortalecimiento y a optimizar los recursos. En ese sentido, pidieron que la Cámara de Diputados desarrolle un sistema electrónico de compras públicas.

Un sistema similar empezó a usarse en el Senado a partir del año 2004, pese a que varias asociaciones civiles todavía reclaman algunas mejoras en esa cámara.

Voto nominal

Juan González Bertomeu, de la ADC, planteó otro de los reclamos elevados a Balestrini: la necesidad de una reforma del Reglamento Interno de la Cámara que convierta en obligatoria la votación nominal. Es decir, que quede registrado en las actas el voto de cada uno de los legisladores ante un determinado proyecto de ley.

La ADC ha advertido en recientes informes sobre el aumento de las votaciones a mano alzada, incluso de proyectos de alta relevancia institucional. De ese modo se impide a la sociedad conocer cómo actuó cada uno de los legisladores.

Las recomendaciones contaron con la adhesión de otras organizaciones sociales como la Comisión Transparencia Pública (Córdoba); Democracia Representativa (Capital); Ejercicio Ciudadano y Fundación Derecho Social (Santa Fe); Grupo Agora (Mendoza); y Participación Ciudadana (Tierra del Fuego), entre otras.