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ACIJ EXPRESA SU PROFUNDO RECHAZO AL PROYECTO DE LEY IMPULSADO POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES QUE PRETENDE ELIMINAR LAS JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE


 



Tras el discurso de “simplificar y agilizar soluciones” “incorporar tecnologías” o “responder a las necesidades del Siglo XXI”, que repiten una y otra vez quienes avalan el proyecto, se esconde la única intención real del Gobierno de la Ciudad, que es adquirir el control absoluto del sistema de selección de docentes. Para lograr ese control absoluto, se propone eliminar las Juntas de Clasificación Docente, que actualmente cuentan con participación mayoritaria de los propios docentes, y centralizar en un órgano totalmente dependiente del Ministro de Educación -la Oficina Única de Clasificación Docente– los procesos de selección y calificación


 


En el intento de ocultar la gravedad de la reforma propuesta se brindan explicaciones falsas, que no tienen reflejo en el propio proyecto de ley. Así, mientras la Diputada Morales Gorleri señala que “[e]l docente que no esté conforme con el puntaje de su clasificación podrá solicitar la revisión del mismo ante la ‘Junta de control de la clasificación y designación docente'"; lo cierto es que en el proyecto no se prevé su modo de funcionamiento, y este supuesto “órgano de control plural” no cuenta con ninguna atribución que permita siquiera atenuar las  facultades que pretende arrogarse el Ministerio de Educación.


 


Con esta reforma, además de excluirse totalmente la voz del sector docente de un aspecto central de la política educativa, se posibilitaría el total disciplinamiento docente por parte del poder político, y se condicionaría seriamente tanto el ejercicio de la función docente como la realización de reclamos relacionados con sus condiciones de trabajo, que en definitiva, hacen a la calidad de la educación que se brinda en la Ciudad


 


Por otro lado, resulta inaceptable que el Gobierno pretenda imponer rápidamente y sin ningún tipo de discusión democrática, un proyecto que introduce modificaciones tan profundas en el sistema educativo. No se ha previsto un proceso deliberativo que cuente con la participación de la comunidad educativa (sindicatos, docentes en general, madres y padres, etc.) y de la ciudadanía en su conjunto, que cuente con un cronograma preciso y con la suficiente publicidad previa, como resulta indispensable para la decisión de asuntos de esta magnitud


 


Además, expresamos nuestra profunda preocupación por la falta de honestidad en la discusión pública mostrada por quienes representan al Gobierno en defensa de este proyecto, que en sus declaraciones pretenden engañar a la ciudadanía, ocultando el verdadero sentido de la radical modificación que proponen. En su discurso, intentan hacer creer a la opinión pública que la reforma solo busca “agilizar soluciones” e “incorporar tecnologías”, escondiendo una modificación mucho más profunda y totalmente regresiva que pone en manos del Sr. Ministro de Educación el control total del sistema de selección de docentes


 


Tras estas consideraciones, se evidencia que las fuertes reacciones del sector docente surgidas ante la iniciativa gubernamental se encuentran plenamente justificadas, y resultan necesarias a fin de evitar la imposición de una reforma realmente inaceptable.  


Por todo lo anterior, esta Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia insta a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura a proceder al archivo del proyecto de ley absteniéndose de dar curso a una iniciativa inaceptable para el sistema educativo de gestión estatal.


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