Nos presentamos como coactoras para defender el acceso a la justicia y los derechos de las niñas y mujeres víctimas de violencia

En diciembre de 2024, nos presentamos como coactoras en la causa judicial impulsada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y otras organizaciones de la sociedad civil, para exigir al Estado Nacional que cumpla con su obligación de proteger a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género y de garantizar el acceso a la justicia. 

Se trata de una acción declarativa de certeza interpuesta en junio de 2024 ante los anuncios de cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Estas medidas reducen drásticamente las herramientas estatales de prevención y atención de las violencias de género, y, ante la falta de otras alternativas, dejan a miles de personas en una situación de desprotección.

La acción judicial presentada busca evidenciar la situación de falta de certeza que existe respecto al cumplimiento de las obligaciones del Estado vinculadas a la erradicación de la violencia y acceso a la justicia especialmente de mujeres, niñas y adolescentes. Estas obligaciones fueron asumidas nacional e internacionalmente mediante la Ley 26.485, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.

Las modificaciones institucionales anunciadas no han sido fundadas adecuadamente, ni el Estado Nacional ha informado de qué manera garantizará los derechos comprometidos por estas medidas. En particular, el acceso a la justicia de niñas y mujeres víctimas o posibles víctimas de violencia de género. Por ello, en el marco de la causa, solicitamos al Poder Ejecutivo que precise, entre otras cuestiones, de qué manera asegurará la cobertura y calidad de la atención legal, cómo se comunicarán de manera clara los recursos disponibles y cuáles son los criterios y el plan de acción vinculados al cierre de los Centros de Acceso a la Justicia. 

Asimismo, solicitamos una medida cautelar a la que, en diciembre de 2024, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 hizo lugar parcialmente, ordenando al Estado a abstenerse de reducir la infraestructura y los recursos de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y a mantener la producción y publicación de evidencia y estadística. Esta decisión fue apelada por el Estado Nacional y revocada posteriormente por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Por esta razón, presentamos un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que actualmente se encuentra pendiente de resolución.