La respuesta a la crisis alimentaria infantil no puede esperar

La interrupción en la entrega de alimentos a los comedores y merenderos comunitarios por parte del Ministerio de Capital Humano agrava la crisis alimentaria en la que viven millones de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. La decisión de revisar procesos o impulsar reformas en estos programas en ningún caso puede negar a nuestras niñeces y adolescencias el derecho a alimentarse. Reactivar la asistencia a quienes pasan hambre es urgente.

En Argentina, niñas, niños y adolescentes (NNA) crecen en condiciones críticas. Según el INDEC, de 12.2 millones de NNA, casi 7 millones viven en situación de pobreza y más de 1.7 millones no acceden a una alimentación suficiente. La extensión de la emergencia alimentaria nacional hasta 2025 (art. 87, Ley 27.701) se explica, en gran medida, por esta situación.

Los comedores y merenderos comunitarios cumplen un rol fundamental en este escenario. UNICEF y La Poderosa los describen como una “densa red de contención ante los efectos de las recurrentes crisis económicas que afectan a Argentina, ante el reconocimiento del problema de la pobreza estructural y la nueva pobreza”. Según explican, la mayoría de las familias puede asumir solo una comida importante al día y los comedores son un elemento central en su dinámica. El organismo internacional ya había alertado en 2023 sobre el hecho de que más de 3,5 millones de niñas y niños habían dejado alguna de las comidas principales o se habían visto obligadas a modificar las proporciones consumidas con anterioridad.

La interrupción en la provisión de alimentos a los comedores y merenderos del Ministerio de Capital Humano resulta en una gravísima violación a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, al negarles el acceso a alimentos, poner en riesgo su salud y su desarrollo y arrasar con un presupuesto básico para una vida digna. La Constitución Nacional, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Nutrición y Alimentación Nacional prohíben semejantes actos de abandono, los que comprometen seriamente la responsabilidad nacional e internacional del Estado.

Aunque es deseable revisar las políticas públicas para avanzar hacia mayores niveles de transparencia en la asignación de recursos, los procesos de reforma en ningún caso pueden implicar la suspensión de la asistencia alimentaria. La conducta adoptada por el Ministerio de Capital Humano hasta el momento desconoce por completo el contexto de pobreza en el que crecen las infancias de nuestro país, al tiempo que profundiza la deshumanización a la que se ha visto expuesto este grupo tras años de desidia estatal. Esto ocurre en un contexto de agravamiento de la situación económica en el que los altos índices de inflación (25,5% en diciembre y 20,6% en enero) dificultan todavía más el acceso a una alimentación adecuada por parte de las familias en situación de vulnerabilidad. 

Esta situación tiene su reflejo más claro en el presupuesto. Al revisar los datos de ejecución que informa la Oficina Nacional de Presupuesto, se observa que los programas de Comedores Comunitarios y Merenderos ($34 mil millones), Complemento Alimentario ($86 mil millones) y Proyectos Focalizados en Vulnerabilidad Social ($7 mil millones) registran una ejecución del 0%. También el programa de Comedores Escolares ($48 mil millones) se encuentra totalmente inejecutado, lo que es particularmente preocupante dada la inminencia del comienzo de clases. En otras palabras, los recursos existen, pero permanecen paralizados mientras millones de personas se preguntan si podrán comer en los próximos días.

Lo que torna la situación aún más grave es que la decisión se toma sin ninguna explicación. Al momento no se han explicitado de manera acabada y documentada las causas de la interrupción, las razones que justificarían la ruptura del vínculo con los miles de espacios inscriptos en el Registro Nacional de Comedores (RENACOM) ni las medidas que serán adoptadas para resolver el problema actual, lo que genera que millones de personas no sepan si podrán acceder a alimentos y coloca a los comedores en una situación de incertidumbre total. Hoy por hoy estos espacios se están sosteniendo con muchísimas dificultades, gracias al trabajo de miles de mujeres que trabajan para asegurar la asistencia alimentaria de sus comunidades. Si bien en los últimos días el Ministerio ha difundido la celebración de nuevos convenios, no existe claridad sobre los modos de seleccionar a las que serán sus organizaciones beneficiarias ni sobre cómo estas permitirán alcanzar a todo el universo de niñas, niños y adolescentes que se alimentaban en comedores y merenderos comunitarios. 

El Estado tiene obligaciones de protección especial reforzada con las infancias y adolescencias, obligaciones que están siendo manifiestamente incumplidas por el Ministerio de Capital Humano. Llamamos a las autoridades a reanudar de forma urgente la entrega de alimentos a comedores y merenderos comunitarios. La alimentación de millones de niñas y niños no puede esperar.

Firmas:
La Poderosa 
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Fundación Sur Argentina
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer 
Infancia en Deuda