10 de las/os 11 Consejeras/os Barriales requirieron a la Legislatura que incorpore los reclamos oportunamente planteados por ACIJ, la Defensoría N° 3 del Ministerio Público de la Defensa, la Asesoría Tutelar de Primera Instancia N°1 y las organizaciones CEAPI y Urbana Te Ve, para que el proyecto de ley asegure efectivamente los derechos de las/os pobladores/as y sus posibilidades de permanencia en el barrio que construyeron.
En el día de hoy se aprobó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires -en primera lectura- el proyecto de ley que busca regular el modo en que el proceso de re-urbanización de Villa 31 y 31 se llevará adelante. ACIJ participó de la “Mesa Técnica” que discutió los anteproyectos, en el marco de la cual, si bien se lograron incorporar diversas mejoras sobre los primeros borradores, los representantes del GCBA no aceptaron hasta el momento modificar puntos sustanciales que pueden afectar la permanencia futura de quienes habitan el barrio, derivar en especulación inmobiliaria y financiera sobre las tierras poniendo en riesgo la identidad barrial e incumplir con la provisión adecuada de equipamiento comunitario.
La reurbanización de la Villa 31-31bis es un reclamo histórico de quienes habitan en ese barrio, y nos encontramos ante una oportunidad histórica para revertir las violaciones estructurales de derechos que afectan a dicha población desde hace años. Un proceso de tanta complejidad requiere, para ser viable y sustentable, del activo involucramiento de la comunidad en las definiciones que se adopten y la generación de los más amplios consensos posibles. En ese sentido, una ley como la que se votó debería establecer estándares adecuados y hacer más claro y previsible el proceso en marcha. Sin embargo, el proyecto en cuestión presenta diversas falencias de gravedad en su discusión, y especialmente en su contenido, cuya modificación resulta fundamental en el marco de su tratamiento legislativo.
Las objeciones consensuadas entre los organismos técnicos mencionadas y las/s Consejeros que detentan la representación política formal del barrio son:
1. La falta de definiciones sobre el valor total de las viviendas;
2. La omisión de medidas expresas para soluciones en casos de inquilinos, situaciones de hacinamiento y desgloses;
3. El déficit de garantías respecto a las relocalizaciones no consensuadas;
4. La debilidad de las políticas de protección de la vivienda única y los posibles riesgos de gentrificación asociados;
5. La poca claridad respecto a la apertura de calles;
6. La falta de estándares adecuados en materia educativa; y
7. La inexistencia, hasta el momento, de un acuerdo urbanístico con la Agencia de Administración de Bienes del Estado -que aún tiene posesión dominial sobre las tierras afectadas a la re-urbanización-, lo que posibilitaría que varias hectáreas que serán rezonificadas dentro del polígono del barrio puedan tener destinos diferentes de los previstos en la ley de urbanización.
Asimismo, el documento incluye otras 9 propuestas en relación a problemas en definiciones complementarias y en la formulación del articulado.
Una ley de tanta importancia como la que está en debate debería contar con el más amplio consenso posible y su tratamiento tiene que involucrar activamente a la comunidad, disipando preocupaciones e incorporando sus expectativas.
A fin de que el proyecto de ley garantice a vecinos y vecinas un adecuado respeto a su derecho a la ciudad, resulta imprescindible que los puntos anteriormente presentados sean debatidos adecuadamente en y con el barrio, e incorporados al proyecto.
El documento presentado puede consultarse aquí.