Además de confrontar con la avanzada del macrismo para nombrar a Daniela Bruna Ugolini como jueza del Tribunal Superior de Justicia porteño, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos se pronunciarán hoy contra la reforma judicial que propone el PRO y que implica restringir los recursos de amparo y darle al gobierno porteño la posibilidad de recusar a un juez sin presentar ninguna causa. También señalaron que el proyecto contó con el apoyo de la defensora del Pueblo porteña Alicia Pierini.
Como informó Página/12, el macrismo impulsa dos proyectos. El del legislador Martín Borrelli propone la posibilidad de recusar a un juez en una oportunidad por causa, por única vez. Borrelli admitió ante este diario que podría ser usado, por ejemplo, para vaciar de causas el juzgado de Roberto Andrés Gallardo, algo que ya intentó el gobierno porteño cuando lanzó 700 recusaciones contra ese magistrado, que fueron rechazadas en segunda instancia. La iniciativa aclara que los jueces no serán recusables para las ejecuciones fiscales, un tipo de trámites al que a algunos macristas les gustaría que se dedicaran en exclusividad.
El segundo proyecto, de Cristian Ritondo y Martín Ocampo, establece que para presentar un amparo será necesario una contracautela, es decir, un bien patrimonial con el que el demandante deberá responder si su requerimiento no es encontrado razonable.
Las dos iniciativas tuvieron dictamen de mayoría en la Comisión de Justicia de la Legislatura la semana pasada y serían tratadas la próxima semana. La legisladora macrista Ivana Centanaro, en cambio, presentó su propio dictamen de minoría, donde no fija ni contracautela ni la posibilidad de recusar jueces sin causa, pero establece mayores límites para que los magistrados puedan fijar astreintes, esto es, multas por día cuando no se cumple un fallo (con la nueva normativa, sólo podrían disponerlas si lo pide el querellante y no de oficio). El bloque del PJ, que conduce Juan Manuel Olmos, adheriría a este dictamen.
Por su parte, los legisladores Gonzalo Ruanova (Espacio Plural), Liliana Parada (SI) y Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) pidieron que se archiven las iniciativas. “Como Macri no pudo reformar la Constitución, pretende limitar los derechos constitucionales mediante leyes que reduzcan el derecho de amparo y que sólo permitan demandar al gobierno ante la Justicia a quienes tengan recursos económicos”, sostuvo Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno porteño. “Cuando uno está en desacuerdo con lo que deciden los jueces, tiene el recurso de apelación y otras herramientas. Lo que no se puede es limitar los derechos constitucionales”, remarcó el legislador de Diálogo por Buenos Aires.
“Es claro que es violatorio de cánones básicos de acceso en la Justicia. Complica a los que menos tienen, en particular los que litigan acceso a la vivienda, que son en general personas pobres”, estimó el legislador de la CC Facundo Di Filippo, que preside la Comisión de Vivienda de la Legislatura. “A nivel nacional, el macrismo dice estar en contra de la reforma del Consejo de Magistratura, pero en la ciudad avanza contra la Justicia, como ya lo hizo con las recusaciones a Gallardo”, apuntó. “Me parece lamentable que la Defensoría del Pueblo, que está para defender los derechos de los ciudadanos, emita un proyecto que va contra los intereses que debería defender”, remarcó Di Filippo, sobre el proyecto que Pierini presentó un mes antes de ser reelegida en el cargo.
“Las distintas modificaciones que se han planteado en materia de justicia contenciosa tienen por objeto licuar y disciplinar a jueces que a la fecha han sido un freno a distintas políticas abusivas del gobierno de Macri”, sostuvo el legislador de Identidad Porteña Diego Kravetz. “Con la recusación sin causa se pretende recusar a los jueces que no son afines al gobierno de Macri y que las causas se sustancien con jueces amigos del jefe de Gobierno”, estimó Kravetz. “Con respecto al proyecto de contracautela, es una barbaridad que las personas que carecen de patrimonio no puedan acceder a la Justicia. Se está creando una Justicia sólo para ricos y se está violando el derecho de igualdad de acceso para todos los ciudadanos”, advirtió.
Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos –entre ellas, el CELS y ACIJ– darán una conferencia hoy para pedirle a Macri que retire la postulación de Ugolini y revea esta reforma judicial. El director de litigio del CELS, Diego Morales, afirmó que “la reforma que proponen no es casual. Coincide con la propuesta de una candidata como Ugolini. Los proyectos reducen y limitan los instrumentos judiciales que sirven para la protección de derechos fundamentales. En particular, de los derechos sociales”.
Por Werner Pertot