Un llamado a la afirmación del consenso democrático, al compromiso con los derechos humanos y a la mejora de las instituciones públicas

Este 19 de noviembre tenemos nuevamente la oportunidad de expresarnos en las urnas. ACIJ defiende y celebra el ejercicio del autogobierno democrático basado en el voto secreto, universal y obligatorio de la ciudadanía, y fundado en la autonomía personal. Cada proceso electoral es un capítulo más en la construcción de esa obra colectiva e intergeneracional vital para la realización de la vida política. El acto de votar es un momento único de soberanía en el que nos confiamos mutuamente la definición de nuestro futuro como comunidad de personas libres e iguales.

Desafortunadamente, desde hace años la vida pública argentina transcurre -tanto en la opinión pública como en los liderazgos políticos y sociales- en el marco de una polarización extrema. La campaña electoral de este año ha exacerbado esta dinámica, incorporando afirmaciones y acusaciones insultantes y agresivas. A su vez, desde un sector se sumaron expresiones que ponen en duda un sistema electoral que ha procesado con transparencia la voluntad de la ciudadanía en cada elección. Todo ello genera angustia, inquietud y temor cívico en nuestra organización.

El actual ciclo electoral presenta, además, condiciones extraordinarias y especiales que lo hacen incomparable con los que se han producido desde que ACIJ comenzó a funcionar en 2003. Observamos con particular preocupación que han proliferado discursos públicos que atentan contra los consensos construidos en los últimos 40 años, relativos a la interpretación del sentido, la magnitud y el alcance de las violaciones de derechos humanos por parte de la última dictadura, y el consiguiente cuestionamiento de la pertinencia de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, lo que constituye un grave retroceso que debe ser repudiado.

Nuestra democracia tiene grandes déficits. El 40% de la población (y el 57% de los niños, niñas y adolescentes) vive en condición de pobreza. Múltiples grupos enfrentan situaciones de violencia y discriminación que les impiden vivir vidas plenas. Los esquemas de distribución de la riqueza siguen siendo profundamente injustos y regresivos. Los modos en que los sucesivos gobiernos vienen gestionando lo público -incluyendo los casos de corrupción, la escasa transparencia de las instituciones, la captura corporativa, el endeudamiento y el uso de recursos públicos para fines electorales, y la inexistencia de canales de participación ciudadana en la toma de decisiones- también deterioran la calidad de nuestro sistema democrático e impactan negativamente en la garantía de los derechos humanos. 

Para revertir estos problemas estructurales debemos fortalecer la democracia con discusiones profundas, que respeten el núcleo central de los valores que la inspiran y le dan sustento, que garanticen la participación de los sectores sobre los que más pesan estas deudas y que preserven los derechos que sí fueron conquistados en el plano normativo y fáctico, los que deben ser fuente de orgullo permanente. 

Los desafíos actuales exigen reforzar nuestro compromiso con mandatos constitucionales como la justicia social, ambiental y de género y la igualdad real de oportunidades, así como con un sistema institucional transparente, abierto, participativo y libre de corrupción. También implican reconocer el rol central de la política pública en la garantía de derechos básicos como la educación, la salud y la vivienda y en la promoción de una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva que respete la diversidad, y exigir incansablemente que estas sean cada vez más efectivas en la consecución de esas metas.

Independientemente de los resultados electorales, nuestra comunidad política debe sostener los lazos de encuentro cívico que presupone la vida común, manteniendo las diferencias y puntos de vista antagónicos dentro de los cauces de un desacuerdo intenso pero respetuoso y preservando el pluralismo y el compromiso con los consensos fundacionales de nuestra democracia.

En este preocupante escenario político, económico y social, ACIJ llama al funcionariado público, a los líderes y lideresas de opinión y a los partidos políticos que tienen la posibilidad de guiar e influir en el destino del país en los próximos años a efectivizar los derechos humanos, a mejorar las instituciones públicas y a afirmar el consenso democrático y del “Nunca Más”.