12.12.18 // Villas e Integración Urbana (novedades)

Solicitamos a la Legislatura cambios significativos sobre el proyecto de ley de reurbanización de la Villa 31-31bis

ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) remitió hoy una nota a las/os 60 legisladoras/es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de transmitirles la preocupación institucional por diversas definiciones del contenido del proyecto de ley para la integración urbanística y social del Barrio Padre Carlos Mugica -que se trataría el día de mañana (13/12/2018)-, y que podrían derivar en riesgos desproporcionados, incertidumbre innecesaria en la población afectada, y/o la implementación de políticas públicas desacertadas en el marco del proceso de reurbanización en marcha.

Junto con la nota, acompañamos un documento en el que advertíamos que los riesgos y falencias fundamentales que el proyecto de Ley son: 1. La falta de definiciones sobre el valor total de las viviendas; 2. La omisión de medidas expresas para soluciones en casos de inquilinos, situaciones de hacinamiento y desgloses; 3. El déficit de garantías respecto a las relocalizaciones no consensuadas; 4. La debilidad de las políticas de protección de la vivienda única y los posibles riesgos de gentrificación asociados; 5. La poca claridad respecto a la apertura de calles; 6. La falta de estándares adecuados en materia educativa; y 7. La inexistencia, hasta ese momento, de un acuerdo urbanístico con la Agencia de Administración de Bienes del Estado. A estos 7 puntos el documento suma otros 9 problemas vinculados a la redacción de la norma, o a las decisiones que ésta incluye.

En función de ello, advertimos al cuerpo legislativo que “si las modificaciones solicitadas por los organismos técnicos y las/os Consejeros del barrio no fueran incorporadas en la versión definitiva de la ley, nos encontraríamos ante una situación en la que, entre otros puntos:

1) los pobladores mantendrían sus actuales niveles de incertidumbre sobre el total de la deuda que asumirían a partir de la adjudicación de los inmuebles;

2) la población inquilina del barrio (entre el 30 y el 40%), así como la población en situación de hacinamiento y los grupos familiares que requieren desgloses, no contarían con un resguardo adecuado sobre cuál será su destino habitacional, agravado por la posible venta de las tierras que resultarían necesarias para la eventual construcción de sus viviendas;

3) se dejaría librado en gran medida al mercado inmobiliario el futuro del barrio, sin incorporar previsiones adecuadas para que la permanencia de sus actuales pobladores sea sostenible en el tiempo;

4) se adoptaría una formulación regresiva en materia educativa, en tanto la redacción relativiza las obligaciones estatales de garantizar el acceso a la educación;

5) se rezonificaría, sin discusión adecuada, el inmueble de un privado (“Edificio Movimiento”), sin que se prevean mecanismos de recuperación de eventuales plusvalías ni se le asigne una utilidad  para el proceso de reurbanización;

6) el Gobierno de la Ciudad podría perder su principal herramienta de negociación con el Estado Nacional respecto de las tierras del polígono (su facultad regulatoria de los usos del suelo), sin asegurarse que su traspaso se haga efectivo”.

Solicitamos al conjunto de las/os legisladoras/es que honren la lucha histórica de la comunidad de la Villa 31-31 bis por el acceso igualitario a la ciudad, brindando las garantías necesarias en el texto de la ley que se disponen a sancionar.

Adjuntamos nota remitida

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