Sistema tributario progresivo: una deuda histórica que la crisis sanitaria volvió urgente

La crisis generada por el COVID-19 agravó las brechas de desigualdad preexistentes y puso de relieve las limitaciones de un Estado que no logra garantizar los derechos básicos de toda su población. La propuesta oficial de “impuesto a la riqueza”, a pesar de ser una medida esencialmente redistributiva, se ve limitada por tratarse de un impuesto que sería cobrado por única vez. Para contar con fondos suficientes, se requiere de una reforma tributaria progresiva que redistribuya los recursos de manera equitativa y a largo plazo.

A pesar de haberse anunciado al comienzo de la crisis, la propuesta oficial de impuesto a la riqueza, denominado “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, se conoció a finales de agosto. Propone gravar los patrimonios de entre 200 millones y 3.000 millones de pesos y serían alcanzadas 12.000 personas, con una recaudación estimada de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Si bien es  una medida esencialmente redistributiva, su potencia se ve limitada por tratarse de un impuesto extraordinario que sería cobrado por única vez. 

Antes de la crisis, 40 de cada 100 personas se encontraban por debajo de la línea de pobreza, y todas ellas sólo contaban con el 14% del ingreso del país. El 10% más pobre estaba compuesto casi en un 70% por mujeres y dentro del 10% más rico las mujeres sólo representaban el 37%. A su vez, el 20% más rico de la población acumulaba la mitad del ingreso del país.

Las medidas de distanciamiento social tienen un impacto mayor en los sectores más pobres ya que disminuyen dramáticamente los ingresos del 49% de la población, que trabaja en la informalidad. La crisis también impacta diferencialmente en términos de género al alterar la forma en que se organizan socialmente las responsabilidades de cuidado. Según estimaciones de la CEPAL, si el Estado no interviniera para mitigar los efectos de la pandemia, la pobreza podría aumentar hasta un 10% en Argentina.

Para que el Estado pueda hacer efectivos los derechos de la población más afectada por la crisis, necesita contar con recursos suficientes. El sistema tributario es la principal herramienta para obtener estos recursos y es decisivo de qué manera lo hace. Al recaudar, el Estado redistribuye riqueza y puede reducir la desigualdad o aumentarla. 

La composición de nuestro sistema impositivo hace que la manera en la que el Estado obtiene sus recursos, diste de ser equitativa: el 10% más pobre de la población participa más en el pago de impuestos que en el reparto del ingreso. El carácter regresivo del sistema impositivo obedece principalmente a los siguientes problemas en su configuración: 

1. está sustentado en impuestos indirectos que no se ajustan progresivamente a la capacidad de pago de las y los contribuyentes,
2. el impuesto a las ganancias no es suficientemente progresivo;
3. los impuestos patrimoniales adolecen de una baja recaudación;
4. el gasto tributario es elevado y se caracteriza por numerosas exenciones o privilegios fiscales a sectores de altos ingresos. 

Para que el sistema tributario sea acorde a los principios de derechos humanos a los que Argentina dio jerarquía constitucional, debe generar recursos suficientes para garantizar los derechos de todas las personas en condiciones de igualdad, debe ser socialmente justo, equitativo, sin privilegios, progresivo y redistributivo. Sin embargo, el peso desproporcionado de los impuestos indirectos y la baja recaudación patrimonial, junto con los elevados gastos tributarios, hacen que el sistema tributario de nuestro país tenga un carácter predominantemente regresivo. 

Esta configuración contraría principios básicos del bloque federal de constitucionalidad, como el de máximo uso de los recursos disponibles e igualdad y no discriminación. Para cumplir con estos principios, Argentina debe movilizar la riqueza socialmente disponible y avanzar hacia un sistema acorde a la capacidad contributiva y la riqueza que cada persona posee. Es decir que el Estado no solo tiene la oportunidad, sino también la obligación normativa de avanzar en materia tributaria de manera progresiva, redistribuyendo la carga impositiva hacia los sectores más ricos, y revisando y eliminando los privilegios fiscales. 

La baja recaudación del impuesto sobre la renta y los impuestos sobre la propiedad limitan la generación de recursos y el poder redistributivo del sistema tributario. Para comenzar a pensar posibles cambios en este sentido, recomendamos revisar el diseño de algunos impuestos y de los gastos tributarios, de manera que tengan un impacto redistributivo y permitan aumentar la recaudación estatal.

Si bien es indiscutible el carácter redistributivo del impuesto a las grandes riquezas propuesto por el gobierno nacional, su impacto se ve limitado si se define implementarlo mediante un impuesto extraordinario que sería cobrado por única vez. Se debe avanzar hacia una reforma tributaria integral que revise otros impuestos que gravan las riquezas y asegure una captura progresiva y sostenida de las grandes fortunas. En este sentido, recomendamos:

1. En el caso del impuesto a los bienes personales: asegurar un mínimo no imponible adecuado y sostenido en el tiempo y ampliar la escala de alícuotas para que incrementen la recaudación en casos de grandes riquezas y mantengan la progresividad.
2. En el caso de los impuestos inmobiliarios: lograr un nuevo acuerdo con las provincias para actualizar la base imponible en todas las jurisdicciones subnacionales teniendo en cuenta los valores de mercado, a fin de volver a posicionar este impuesto como una fuente relevante de recursos estatales.
3. En el caso del impuesto a las ganancias: aumentar la recaudación sobre las personas humanas revisando el tramo de los ingresos y la escala de las alícuotas, de manera que adquieran una mayor progresividad en los casos de altos ingresos.
4. En el caso de los gastos tributarios: publicar información actualizada, oportuna y detallada sobre los costos, beneficios esperados y beneficiarios; institucionalizar la realización de evaluaciones que permitan decidir en base a evidencias su continuación o revisión, y eliminar aquellos que no tengan justificación o sean inequitativos.

Es momento de debatir en profundidad el rol de la política fiscal para reducir la inadmisible desigualdad de nuestro país y avanzar hacia una sociedad más democrática e igualitaria. Se requiere un aumento extraordinario de la recaudación que no puede traducirse en mayores exigencias a los sectores más vulnerables, que ya cargan con un peso impositivo mayor en términos proporcionales; sino que debe provenir de quienes tienen mayor capacidad para hacerlo. Accedé al documento completo y al resumen ejecutivo