El pasado 16 de julio desde realizamos el segundo encuentro de un ciclo de conversaciones cuyo objetivo es construir un debate inclusivo y plural sobre los desafíos para lograr un Poder Judicial accesible, independiente y comprometido con los derechos.
Del evento participaron Joel Hernandez García, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Silvina Ramirez, doctora en Derecho y especialista en derecho de los pueblos indígenas; Daniel Rafecas, titular del Juzgado federal en lo Criminal y Correccional n° 3 de Capital Federal; y Maria Fernanda Rodriguez, ex Secretaria de Justicia de la Nación y especialista en derechos humanos y acceso a la justicia.
La apertura y la moderación estuvo a cargo de Joaquin Caprarulo, coordinador del programa Justicia Abierta y Accesible de ACIJ, quien resaltó que estos conversatorios buscan discutir los desafíos del Poder Judicial en materia de accesibilidad, independencia y compromiso con los derechos, a través de un diálogo público de calidad, plural e inclusivo sobre nuestro sistema de Justicia.
A lo largo de varias intervenciones las y los distintos panelistas expusieron sus puntos de vista respecto a las complejidades de un debate de estas características, las vías para ampliar sus alcances, sus diagnósticos respecto a los problemas del sistema de justicia y las reformas que consideran necesarias.
Por su parte, Joel Hernandez Garcia remarcó que a nivel regional el principal desafío de tipo estructural tiene que ver con la independencia e integridad de los poderes judiciales, que son fundamentales para que puedan servir de contrapeso para los excesos de otros poderes públicos. También explicó que es a través de leyes y mecanismos institucionales que se hace efectivo el acceso a la justicia para la protección de los derechos humanos y que si los sistemas de justicia no buscan ajustarse a las nuevas realidades no están cumpliendo su rol de garantes. Explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede asistir en los Estados en este proceso de reforma a partir de su experiencia, con una mirada amplia desde el sistema interamericano para que nuestros sistemas de justicia esten a la altura de los más altos estándares internacionales.
Para Silvina Ramirez, sumado a los obstáculos geográficos, económicos y lingüísticos de acceso a la justicia, encontramos obstáculos específicos, a los que denominó identitarios, para ciertos grupos vulnerabilizados como son los pueblos indígenas. Además, destacó que existe un derecho a la consulta para los pueblos indígenas, que es muy frecuentemente vulnerado y que el Estado debe generar las condiciones para que sea garantizado. En cuanto a las reformas necesarias, se refirió la existencia de dos dimensiones, la normativa y las prácticas. Sobre la primera mencionó la necesidad de incorporar instituciones sensibles a la diversidad cultural. Respecto a las prácticas, explicó que la construcción del propio modelo de Estado basada en una perspectiva neocolonial hace que los operadores del derecho sean refractarios al derecho de los pueblos indígenas y que debemos pensar cómo transformarlo en un Estado intercultural y decolonial.
La ex Secretaria de Justicia de la Nación, María Fernanda Rodriguez, explicó que es muy importante al momento de pensar una reforma de la justicia que tenga la pretensión de que los derechos sean una realidad, pensar qué excluye el sistema y sobretodo cómo lo hace. Destacó que la desigualdad en el acceso a la justicia perpetúa las desigualdades existentes en otro tipo de resultados no relacionados con el ingreso, como la salud o la educación, que son determinantes para el crecimiento y bienestar de una comunidad. Al respecto propuso pensar en los sistemas de justicia centrados en las personas, con un abordaje integral y relacional, a partir de diagnósticos basados en datos que surjan de metodologías orientadas a las y los destinatarios del sistema. También propuso repensar los diseños institucionales de manera que permitan dar respuestas tempranas y preventivas para aminorar los niveles de litigiosidad, para que reduzcan las necesidades legales insatisfechas de la población.
Por último, el juez Daniel Rafecas explicó que los tres ejes sobre los que debe avanzar Argentina para mejorar el servicio de administración de justicia, principalmente en el ámbito penal, son la implementación del modelo acusatorio, la oralización y la digitalización de los procesos, lo que debe ser una política de Estado abordada desde los tres poderes y los ministerios públicos. En materia de independencia del Poder Judicial, destacó problemas en la composición de los órganos de selección y los jurados de evaluación, lo que afecta las posibilidades de contar con autoridades judiciales idóneas e independientes. También mencionó la importancia de discutir las presiones de los distintos factores de poder que se canalizan a través de los medios masivos de comunicación o los organismos de inteligencia.
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