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Pronunciamiento de la sociedad civil sobre la nueva resolución del Consejo de Derechos Humanos en materia educativa

El pasado lunes 12 de julio, el Consejo de Derechos Humanos aprobó por consenso una importante resolución, auspiciada por 54 Estados, en la que reafirma su reconocimiento a los Principios de Abiyán sobre el derecho a la educación e insta a los gobiernos a actuar contra la comercialización de la educación. Esta resolución es la segunda en la que el Consejo reconoce los mencionados principios, los cuales establecen una serie de obligaciones que los Estados deben cumplir para proporcionar educación pública y regular la participación del sector privado en la educación. Además, el Consejo solicitó a la ONU trabajar con la Alianza Mundial para la Educación (GPE) para garantizar este derecho. 

Entre los puntos más destacados de la resolución, se exhorta a los gobiernos a avanzar en la adopción de medidas para priorizar la educación en sus presupuestos nacionales, con el fin de garantizar una educación de calidad, accesible, inclusiva, equitativa y no discriminatoria. Además, el Consejo expresa su preocupación por las desigualdades en el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y por la profundización de la brecha digital. En consecuencia, insta a los Estados a adoptar medidas adecuadas y a incrementar los esfuerzos tendientes a reducir las inequidades en el acceso a productos y servicios esenciales para el disfrute del derecho a la educación.

Una adecuada colaboración entre la GPE, como principal organismo de financiación multilateral para la educación, y la UNESCO y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como entidades especializadas en derechos humanos y educación que elaboran lineamientos y brindan herramientas técnicas a los Estados, resulta fundamental para garantizar que los compromisos se traduzcan en una programación educativa eficaz. 

Junto a 24 organizaciones de derechos humanos del mundo, celebramos esta resolución, y consideramos fundamental que dichas instituciones trabajen junto a la sociedad civil con el fin de articular acciones para que la planificación educativa se realice siguiendo los estándares de derechos humanos.

Accedé a nuestra declaración conjunta en formato PDF y Word.