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Presentación del Indice de Transparencia Legislativa

El martes 23 de Septiembre se realizó en el Senado de la Nación la presentación del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa de forma conjunta entre la Asociación por los Derechos Civiles -ADC-, Directorio Legislativo, Poder Ciudadano, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento -CIPPEC- y ACIJ.

Nos acompañaron los Diputados Nacionales Carla Carrizo (SUMÁ+UNEN – CABA), Laura Alonso (PRO – CABA), Manuel Garrido (UCR – CABA) y Pablo Javkin (CC-ARI – Santa Fe), y la Senadora Norma Morandini (Fte. Cívico – Córdoba), autoridades del Senado de la Nación, periodistas y asesores parlamentarios.

Los resultados del Indice Latinoamericano de Transparencia Legislativa.

En primer lugar, se expusieron los resultados del Índice, cuyo informe completo puede encontrarse en la página web de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Se miden cuatro dimensiones relativas a la transparencia y acceso a la información: Normatividad; Labor del Congreso o Asamblea; Presupuesto y Gestión Administrativa; y Mecanismos de Participación, Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas. América Latina obtiene un 40% de transparencia en promedio, ubicándose Perú en primer lugar con 55%, seguido por Chile con 53%, Ecuador 49%, Guatemala 46%, Colombia 38%, México 37%, Argentina 36%, Bolivia 25% y Venezuela 21% en último lugar. Uruguay, quien sólo participó de la segunda dimensión, no obtiene un resultado global sino sólo un promedio de lo evaluado.

A partir de los resultados particulares para Argentina, se identificaron una serie de desafíos que enfrenta nuestro Congreso en materia de transparencia y acceso a la información pública:

  • Sanción de una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública
  • Órgano garante de acceso a la información pública
  • Regulación del Lobby
  • Más información sobre actividad en comisión: asistencias, votaciones, versiones taquigráficas
  • Oficina de atención ciudadana
  • Canal de televisión abierta de ambas Cámaras
  • Concursos públicos
  • Publicación de viajes de legisladores dentro y fuera del país
  • Ejecución presupuestaria actualizada (Congreso, legisladores y bloques)
  • Nómina de empleados de 3 categorías (permanente, transitoria y contratados)
  • Informes de gestión administrativa del Congreso
  • Informes sobre la actividad legislativa de cada legislador

En este sentido, Sandra Elena, Directora del Programa de Justicia de Cippec, resaltó la necesidad de un órgano garante de acceso a la información pública que funcione como intermedio a la Justicia, para resolver conflictos ante denegatoria o insuficiencia de de información entregada. Además, indicó que existe una falencia en la publicación de información en datos y formatos abiertos que permitan la reutilización de información parlamentaria por cualquier ciudadano.

Eleonora Rabinovich, Directora Adjunta de ADC, remarcó la necesidad de la sanción de una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, reclamo que se sostiene desde la sociedad civil desde hace décadas y materia en que la mayoría de los países de la región han avanzado en los últimos años; y la importancia de un índice de estas características que refleje la realidad de los Congresos de la región en perspectiva comparada. Pablo Secchi, Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, se preguntó si hay bloques políticos y legisladores que efectivamente quieran la sanción de una ley de acceso a la información pública, ya que se observa la falta de iniciativa por parte de todos los sectores políticos, no sólo del oficialismo y autoridades legislativas. Y destacó que hay una gran diferencia entre lo que desde la sociedad civil entendemos como información pública y que debería ser de libre acceso, y lo que las administraciones legislativas consideran debería ser de público acceso, ya que hay una gran reticencia en entregar información que debería ser publicada de forma proactiva.

Sebastián Pilo, Coordinador de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas y Lucha contra la Corrupción de ACIJ, indicó la importancia de la transparencia interna del Congreso y el acceso a la ciudadanía a este órgano democrático por excelencia, donde están reflejados todos los bloques políticos, así como la necesidad de fortalecer esta institución como órgano de contralor, como por ejemplo al designar al Defensor del Pueblo.

Por su parte, Norma Morandini señaló que, a raíz de los resultados del índice, se observa que los ciudadanos argentinos tenemos naturalizados mecanismos completamente antidemocráticos, y se preguntó “¿Qué hemos hecho mal para que el Congreso se convierta en un control remoto?”, dado que no se respeta el reglamento de ambas cámaras, no se publica información que debería ser de público conocimiento, y no se informa bien a la ciudadanía sobre el rol del Congreso y la labor de los legisladores.

Laura Alonso celebró la importancia de un índice de estas características, pero resaltó también la necesidad de una medición que refleje un análisis más cualitativo sobre lo que sucede dentro del Congreso, como es el tiempo del debate legislativo, la calidad de las leyes sancionadas, y el inclumplimiento del reglamento. Y destacó la necesidad de regular los conflictos de interés en todos los países de la región, dado que es un tema sumamente sensible y que atraviesa diversas temáticas dentro del Congreso. Cabe mencionar que en la región sólo Perú y Chile poseen regulada la materia.

La Diputada Carla Carrizo reflexionó acerca del rol de los Congresos en los presidencialismos fuertes como son los países latinoamericanos, y cuál es la función de la oposición legislativa: ¿legislar o simplemente controlar las decisiones de la mayoría? Y consideró que es un debate que hay que dar dentro de nuestros Congresos. Además, remarcó la necesidad de regular y transparentar el mecanismo de canje de pasajes (los legisladores poseen tramos aéreos y terrestres que pueden utilizar para viajar a las provincias, y en caso de no utilizarlos canjearlos por efectivo).

Por último, Pablo Javkin propuso hacer una autocrítica de la oposición, y el rol que tiene dentro del Congreso, ya que cuando fueron mayoría durante 2011 y 2012 no se produjeron cambios sustanciales en el funcionamiento del Congreso a pesar de tener los medios para hacerlo. Por lo tanto, sugirió que los legisladores se auto-obliguen a publicar información sobre su actividad legislativa, y que asuman un compromiso individual para avanzar en estos temas en el caso de ser mayoría o gobierno en las próximas elecciones. En la misma línea, Sebastián Pilo remarcó que, a falta de transparencia institucional del Congreso, los esfuerzos individuales de cada legislador son insumos fundamentales para transparentar sus actividades, al publicar sus recibos de sueldo, declaraciones juradas, reuniones celebradas, pasajes y viajes realizados, etcétera.

De este modo, se presentó una segunda edición del Índice de Transparencia Legislativa, y se debatieron los principales problemas sobre el acceso a la información pública y la necesidad de regular y transparentar mecanismos que aumenten la calidad institucional de nuestro Poder Legislativo y brinden mecanismos de participación y empoderamiento a la ciudadanía.