Postergan la obra para correr la autopista Illia y la terminarán en dos años

En 2016, en la conferencia de Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible Hábitat III que se hizo en Quito, la Ciudad de Buenos Aires presentó el plan más ambicioso en torno a lo que esa organización llama “asentamientos humanos”: la integración urbana de las villas 31 y 31 Bis del barrio de Retiro. Originalmente, el plan contemplaba el tendido de redes cloacales y pluviales; la formalización de los servicios de luz y agua; aperturas de calles; mejoramiento de las viviendas existentes, y relocalización de algunas otras. Además, la construcción de una nueva sede para el Ministerio de Educación. Pero, por mucho, la obra más polémica y cuestionada desde su anuncio, fue la relocalización de un tramo de la autopista Illia.

Para muchos -incluyendo vecinos, dirigentes políticos y sociales, y urbanistas- se trató siempre de una obra innecesaria. Sin embargo, para la Ciudad, correr la autopista Illia es vital para lograr esa transformación. La obra iba a estar terminada para 2019, pero hoy -con el 30% de avance- ha sido “reprogramada”, con nueva fecha de inauguración para 2020.

¿Qué dice la Secretaría de Integración Urbana y Social al respecto? Alegó temas logísticos. Explican que la zona colapsó porque allí se lleva a cabo una de las obras más importantes de la Ciudad, el Paseo del Bajo. Esta autopista en trinchera -exclusiva para camiones y ómnibus- empalmará con la Illia a la altura del peaje. En rigor, las inmediaciones de las estaciones de trenes y de la Terminal de Ómnibus, son un auténtico pandemonio. Y todo empeoraría si se suma otra obra.

El legislador Gabriel Solano (Frente de Izquierda) mostró su preocupación al respecto. “Para llevar a cabo la nueva Illia se endeudó a la Ciudad en 194 millones de dólares. Desde el principio fuimos críticos de este tipo de préstamos, porque son imposibles de pagar. En un escenario negativo se suma ahora la devaluación. ¿Por qué endeudar a la Ciudad con una obra que ahora quedó en veremos?”, se preguntó.

Pero la Illia es un ítem en el enorme universo que implican las obras en la Villa 31. Otro es la propiedad de las viviendas y tierras en donde hoy viven alrededor de 40 mil personas. “Hay un debate en torno a cuánto pagarán las familias por las viviendas nuevas. Y una letra ‘chica’ relacionada con desalojos que es inquietante”, explicó a Clarín el ex legislador Facundo Di Filippo, quien impulsó en su momento la ley de urbanización que se terminó votando en 2009.

“Otro temor relacionado con la tierra es que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) podría poner a la venta terrenos vacantes en torno a la villa. En tanto, la Ciudad propone permitir mayor volumen constructivo en inmediaciones a lo que será la vieja Illia”, remarca Di Filippo.

Aquí el temor mayor termina siendo el fenómeno urbano conocido como “gentrificación”, es decir la expulsión de los vecinos originales por presión del mercado inmobiliario.

Para llevar a cabo las nuevas obras de urbanización en un marco de legalidad, la Ciudad giró a la Legislatura porteña un dictamen que busca que se convierta en ley antes de fin de año. Y hay enormes chances de que  eso ocurra, porque el oficialismo tiene mayoría en el recinto (34 legisladores propios, más bloques aliados).

Desde la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), con una importante presencia en esta y otras villas de la Ciudad, realizaron una evaluación sobre ese dictamen y explican por qué es rechazado por los vecinos. “Tiene muchas carencias, como la de soluciones para los inquilinos, y temas preocupantes, como la posibilidad de que personas que no residan en el barrio compren parcelas, o que un mismo vecino de la villa tenga más de una parcela. Además, se concede una capacidad constructiva significativamente mayor a zonas cercanas a vías principales y espacios públicos de gran escala. Y continúa faltando claridad sobre la futura apertura de calles”, explican.

Un tema que atraviesa a todos los habitantes de las villas que se encuentran en obra (Rodrigo Bueno, 20 y Fraga, entre otras) es el costo de las viviendas: “Los vecinos sufren un shock económico. Por supuesto, todas las familias están angustiadas por la situación económica, pero aquí se trata de familias que pasan de la informalidad a la formalidad. Si bien el costo de una vivienda puede licuarse en algunos años, el de los servicios públicos e impuestos, no. Y la Ciudad marca diferencias espantosas, porque no prevé construir el tendido de gas ya que dijeron que es muy costoso”, contó Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Otro tema, que algunos vecinos vinculan con una transformación negativa, es la autorización constructiva: hoy el 3% de la villa tiene construcciones comerciales y el dictamen autorizaría a llevar el porcentaje a un 20%.

“Todo lleva a pensar que el Gobierno busca la expulsión de los vecinos. Suena como algo delirante, pero todos sabemos que la presión inmobiliaria puede lograr lo que no consiguieron ni los militares”, confió a Clarín un histórico dirigente barrial, con mil debates en su espalda y toda una vida en el barrio.