Por "irrisorio", la justicia declaró que un plan social de Macri es inconstitucional

Por Nicolás Eisler

La Ciudad da $ 320 al mes a familias pobres, sin importar su número de integrantes. El juez Scheibler lo calificó de “insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias básicas” y ordenó su actualización en un plazo de 20 días.

La justicia porteña declaró inconstitucionales los montos de los subsidios alimentarios que paga el gobierno de la Ciudad, su mecanismo de actualización y los criterios utilizados para fijar los montos que corresponden a una determinada composición familiar. En la actualidad una familia que reside en la Ciudad recibe $ 320 por mes sin importar su número de integrantes. 

“La Ciudad tiene uno de los presupuestos per cápita más altos de Latinoamérica, pero todos los años hay subejecución en las áreas destinadas a la efectividad de los derechos” sociales, aseguró Luciana Bercovich, codirectora de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Y consideró que, “para una familia (tipo) de cuatro personas, $ 320 (al mes) es un monto que claramente no cumple con los estándares mínimos para garantizar el derecho a la alimentación”.

La medida fue dispuesta por Guillermo Scheibler, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 13. Hizo lugar a un amparo presentado por la Asesoría General Tutelar y la propia ACIJ para que el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, “cumpla con su obligación constitucional de garantizar el derecho a la salud integral, a la alimentación, a la igualdad y a la autonomía personal de todos los niños (…) que soliciten las prestaciones previstas en los programas alimentarios” de la Ciudad.

La ex asesora tutelar Laura Musa, quien terminó su mandato hace un mes y entregó el control del organismo a la ex funcionaria del PRO Yael Bendel, afirmó que el objetivo de la presentación “fue cambiar el modo de ingreso al plan Ciudadanía Porteña”. “Impugnamos su discrecionalidad actual. Debería haber un protocolo claro de acceso a los planes, reglas de debido proceso y transparencia en los montos previstos. Eso es lo que exige el juez”, abundó.

En su sentencia, el juez detalla que según la medición de la canasta alimentaria porteña, en diciembre del año pasado un hogar unipersonal requirió de $ 1099 para no caer bajo la línea de indigencia. “320 pesos (…) se presenta como palmariamente insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias básicas por mes”, argumentó el magistrado. Agregó que “en igual medida (…) la suma deviene irrisoria” ya que “el monto del beneficio (…) es asignado por hogar sin tener en cuenta la cantidad de integrantes (…) ni los ingresos del grupo”.

Scheibler otorgó un plazo de 20 días para adecuar los planes y ordenó que en diez días se reglamente la Ley 1878, que consagra el derecho a la alimentación y que lleva nueve años sin ser reglamentada.

Ante las consultas de este diario, desde Desarrollo Social dijeron que desconocían la sentencia del juez. Tampoco pudieron contestar cuál es el monto que otorga el cuestionado Ticket Social ni cuántos beneficiarios tiene el programa.

Nueva deuda por U$S 185 M

Luego de la reciente participación del ministro de Hacienda Néstor Grindetti a la cumbre del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri envió un nuevo pedido de autorización a la Legislatura para endeudarse, y contraer compromisos internacionales por 185 millones de dólares. Adujo que serán destinados a amortizar la deuda externa porteña, que, en los últimos seis años, creció de 574 millones de dólares en 2008 a 1794 millones en 2013. Según el proyecto, que lleva la firma del alcalde, el Ejecutivo pide la “ampliación del Programa de Financiamiento en el mercado local creado por ley 4.315 por un importe de 185 millones de dólares o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, según lo determine el Poder Ejecutivo”.

Denuncia contra la policía metropolitana (C.M)

El acceso de ambulancias del SAME a las villas porteñas sumó un nuevo obstáculo en los tribunales de la Ciudad, cuando el Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Guillermo Montenegro, se negó a aportar cuatro patrullas de la Policía Metropolitana para que custodien y faciliten el ingreso de los móviles sanitarios a los barrios más pobres de la capital. El dato fue denunciado ayer por el asesor tutelar de segunda instancia del Poder Judicial porteño Gustavo Daniel Moreno, pero sucedió el 27 de marzo, durante una audiencia convocada por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, para aplicar un acuerdo firmado por el SAME, el Ministerio de Salud, la Vicaría Episcopal para la Pastoral en Villas de Emergencia, el ministerio Público y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El acuerdo, homologado ante la justicia, implicaba la participación de los vecinos de las principales villas porteñas y el aporte estatal de cuatro patrulleros de la Metro para acompañar a cuatros ambulancias que, según la mesa de trabajo impulsada por el entendimiento, iban a instalarse en los Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) más cercanos a cada barrio. En el acta de la audiencia, el director del SAME Alberto Crescenti resaltó la “necesidad de que exista un acompañamiento por parte de la Metro y otras fuerzas de seguridad para ingresar a las villas con las ambulancias” y el Ministerio de Salud propuso que “se cubra el servicio desde los hospitales Santojanni, Piñero, Fernández”, y dejó constancia que el sistema ya estaba funcionando “en el Penna”. Luego de ese punto de acuerdo, el funcionario Santiago de Jesús, enviado por Montenegro, se comprometió a informar si podían proveer las patrullas necesarias. Sin embargo, una semana después, la misma cartera informó a la Sala que “por expresas instrucciones del señor ministro de Justicia y Seguridad (…) se agregará un patrullero de la Metropolitana, con dotación policial para el Hospital Fernández”. El mensaje data del viernes 4 de abril, y según explicó Moreno a este diario, “deja sin atención policial a las zonas donde las ambulancias siguen teniendo problemas para llegar: el expediente demuestra que un sector del gobierno no quiere atender el problema de las ambulancias cuando otras áreas del mismo gobierno estaban a favor de hacerlo”.

Tiempo Argentino