Organizaciones solicitaron que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad se expida sobre designación del nuevo auditor

Sostienen que la nueva integracióndel Colegio de Auditores de la Ciudad viola el cupo de género previsto en la Constitución local.

El viernes 4 de abril presentamos junto a ADC, ELA, FEIM y MEI una nota en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la cual se solicita que, en el marco de sus competencias, emita su opinión e intervenga “para contribuir al cumplimiento del derecho vigente en un tema que hace a la constitución legítima de las instituciones democráticas”.

Reiteramos que el pasado 9 de diciembre, al reemplazar por un varón a la ex Auditora Paula Oliveto (quien renunció al cargo para ingresar como Diputada en la Legislatura local), la Legislatura violó de manera deliberada el texto de la Constitución de la Ciudad y la Ley 70 que rige la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Esto se debe a que, a partir de dicha designación, el cuerpo de Auditores Generales quedó integrado por 2 mujeres y 5 varones (es decir 71,42% varones). Esta situación viola el artículo 138 de la Ley 70 que dispone que la integración de la Auditoría General debe respetar el cupo máximo de setenta por ciento de personas del mismo sexo previsto en la Constitución de la Ciudad.

El 14 de marzo las organizaciones enviamos una nota a la Presidenta de la Legislatura, con copia a los presidentes de bloque y a cada uno de los integrantes de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control. Hasta la fecha no hemos tenido respuesta formal o informal de parte de la Legislatura o alguno de sus miembros.

En aquella presentación ACIJ, junto con ADC, ELA, FEIM y MEI solicitamos la urgente rectificación de la designación y que se proceda a cubrir la vacante generada respetando las normas que garantizan la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. “La presente situación significa un retroceso en materia de cumplimiento de los derechos de las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires, constituyéndose en un acto de discriminación por cuanto viola una obligación positiva tendiente a revertir situaciones de desigualdad históricas en el acceso a este tipo de cargos por parte de varones y mujeres”, consideraron en la nota.

En el marco de la presentación ante la Defensoría del Pueblo, desde la organizaciones afirmaron: “Es fundamental que la Defensoría del Pueblo se involucre activamente en hallar una solución a las irregularidades. Ello ayudaría no sólo en la cuestión de fondo, sino también a revertir el impacto negativo que genera la integración irregular en una entidad como la Auditoría General, que es otra pieza clave dentro del sistema de rendición de cuentas y protección de derechos previsto por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.