En una conferencia de prensa, las organizaciones señalaron que se encuentran "especialmente preocupadas y alertadas ante la posible designación de Ugolini, porque significaría un fuerte retroceso en materia de derechos sociales en la Ciudad de Buenos Aires".
Como había adelantado Ciudad1, la postulación de la fiscal a la Corte porteña fue suspendida el viernes pasado por tres fallos de distintos jueces que objetaron que el gobierno de la Ciudad no respetó los plazos previstos para presentar el pliego.
En ese sentido, el bloque de legisladores electos de Proyecto Sur (autor del amparo que dio lugar al primer fallo) denunció que el gobierno porteño procuró adelantar los plazos para evitar que sea la próxima Legislatura la que trate el reemplazo del lugar vacante que dejó el juez Julio Maier.
"El reemplazo rige desde el 1 de octubre, pero Macri presentó la candidatura de Ugolini el 14 de agosto, un mes y medio antes de lo que corresponde. Se trata de una trampa al procedimiento para que sea esta Legislatura la que trate el tema y no la que asumirá el 10 de diciembre", dijo el legislador electo Rafael Gentili a Ciudad1.
El revés judicial golpeó al macrismo y durante el fin de semana evaluaron las estrategias para sostener la postulación de Ugolini. "Las objeciones tienen una clara motivación política, así que vamos a seguir adelante", confió una fuente oficial a Ciudad1.
En ese sentido, el argumento apuntará a señalar que el debate sobre los plazos de designación se trata de una "cuestión de interpretación", como aseguró el titular de la comisión de Justicia en la Legislatura, Martín Borrelli.
"Es un problema de interpretación. Maier renunció y el Ejecutivo le aceptó la renuncia el 14 agosto, entonces no hay duda de que ese juez se fue", aseguró a este medio.
Por su parte, el legislador consideró que las críticas al perfil de Ugolini son "disputas de orden ideológico que no hacen a la falta de idoneidad de la magistrada".
Este martes a las 16 se reunirá la comisión de Ética de la Legislatura, donde se encuentra el expediente de la designación de Ugolini, y allí se comprobará cuál es la estrategia del gobierno porteño respecto a las impugnaciones judiciales.
En tanto, las organizaciones que se convocaron este lunes sostuvieron que en la trayectoria de la fiscal "se expresa una concepción restrictiva del alcance de los tratados internacionales, tanto en cuestiones vinculadas a derechos civiles y políticos -el derecho a la libertad de expresión, a peticionar ante las autoridades y de reunión-, como en aquellas relacionadas con derechos económicos sociales y culturales".
La reforma judicial PRO
El otro aspecto de la conferencia que llevarán a cabo las ONG será el rechazo a los proyectos de reforma judicial que prepara la bancada macrista y que obtuvieron dictamen de comisión la semana pasada en la Legislatura.
La controversia se debe a que una de las iniciativas apunta a que el gobierno de la Ciudad pueda recusar sin causa a un juez, mientras que la otra establece que las personas que presenten un amparo deberán responder con su patrimonio.
"Esto quiere decir que si un juez no le gusta al Gobierno, éste puede hacer que no actué en ningún tema, y por otro lado, que quienes no tengan bienes no puedan acceder a la Justicia", aseguró Luciana Bercovich, de ACIJ, a Ciudad1.
"Estas medidas hay que verlas como un parte de un todo. Junto con la designación en el Tribunal Superior de una persona que, según lo reflejan sus dictámenes, tiene posiciones sumamente restrictivas en término de derechos, estas tres cosas juntas generarían una valla por la cual los excluidos no podrían hacer exigibles sus derechos", concluyó.
Por Pablo Pizzorno