La Justicia puso un freno a la discriminación en escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), con el asesoramiento de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, denunciamos que existe una práctica generalizada de negar la matrícula a niñas, niños y adolescentes debido a su discapacidad en escuelas privadas, y que el gobierno porteño omite controlarlas y sancionarlas.

En septiembre de 2019, ACIJ, con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del CDH de la Facultad de Derecho de la UBA, presentó una demanda colectiva solicitando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que adopte las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en escuelas comunes de gestión privada. 

En dicha oportunidad se denunció que, al igual que en otras provincias del país, existe en la Ciudad una práctica generalizada consistente en negar la matriculación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en escuelas privadas, y que el gobierno omite controlarlas y sancionarlas. De esta manera, las y los estudiantes con discapacidad y sus familias recorren decenas de escuelas para conseguir una vacante en una escuela regular, sin que el Ministerio de Educación de la Ciudad actúe para garantizar su derecho a la educación.

Al respecto, tomando en consideración que al momento de interponer la demanda ya se encontraban abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo subsiguiente, se solicitó como medida cautelar que se ordene al gobierno porteño la difusión del derecho a la educación inclusiva a los efectos de su conocimiento por parte de las familias, así como la implementación de un canal de denuncias eficaz para tramitar los reclamos que ellas presenten ante las negativas de matriculación. 

El 16 de septiembre de 2020, el Juzgado Nro. 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, en una resolución que en sus inicios destaca la importancia de no dejar a nadie atrás, le ordenó al Gobierno de la Ciudad la implementación de un canal de denuncias accesible, transparente y efectivo que contemple expresamente las barreras económicas, educativas y tecnológicas a las que se enfrentan las personas. Asimismo, dispuso la adopción de una serie de medidas para la difusión del derecho a la educación inclusiva en los sitios web y las carteleras del Ministerio de Educación, de la Dirección General de Educación de Gestión Privada y de las escuelas privadas de CABA. 

Para arribar a dicha decisión, la Jueza hizo hincapié en el derecho de todas las personas con discapacidad a una experiencia de aprendizaje inclusiva, equitativa, participativa y de calidad de conformidad con el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), afirmando que este derecho se erige como “principio general que debería guiar todas las políticas y prácticas educativas, a la luz de la concepción de que la educación es un derecho humano fundamental y los cimientos de una sociedad más justa” y en su trascendencia como medio para hacer efectivos otros derechos humanos.

En ese orden de cosas, la Justicia sostuvo que las autoridades públicas deben “asumir un rol activo y proactivo en la implementación de medidas para contrarrestar actos de discriminación vinculados con arraigados prejuicios de toda índole”, con el objetivo de “derribar los muros que construyen la estructura de una desigualdad” en pos de construir sociedades más vivibles, libres, justas e inclusivas, a través del pleno conocimiento de los derechos y la garantía de una educación que abra sus puertas a todas las personas.

Desde ACIJ y el CDH celebramos especialmente el valor central que otorgó la resolución a los diversos testimonios de las familias de niños y niñas con discapacidad que han transitado el proceso estigmatizante de búsqueda de vacante, enfrentándose a rechazos discriminatorios y a un Estado indiferente. Son sus relatos las pruebas más vívidas del desgaste físico y emocional que supone encontrarse con incontables instituciones educativas que excluyen sin ningún costo y con organismos públicos que no dan respuesta y consienten situaciones de discriminación en abierta violación a la normativa local e internacional.

Por último, la Jueza resaltó que la circunstancia denunciada toma particular relevancia a partir de la proximidad del nuevo ciclo lectivo 2021 y especialmente a raíz de la crisis sanitaria y las medidas de aislamiento social, que requieren respuestas rápidas y efectivas para garantizar el derecho a la educación inclusiva de la niñez con discapacidad. 

Desde ACIJ, esperamos que el gobierno de la Ciudad cumpla de manera completa y en el tiempo solicitado esta orden judicial y que implemente todas las medidas necesarias para garantizar el ingreso de los niños y niñas con discapacidad a las escuelas regulares.

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