La informalidad como única salida para el acceso al suelo: las tomas en la localidad de Merlo como síntoma del déficit habitacional.

Hace un mes, unos treinta terrenos de la localidad de Merlo fueron ocupados por unas 2.000 familias. Al darse a conocer en los últimos días dichos sucesos por los medios masivos de comunicación, y en medio de la campaña electoral, distintos ministros y responsables del gobierno provincial actual, así como el que asumirá en diciembre, han tomado posición al respecto. Desde ACIJ creemos primordial reflexionar sobre la situación habitacional a nivel nacional y exigir a los poderes ejecutivos un tratamiento responsable. Foto: infonews.com   La falta de regulación sobre el mercado de tierras y suelo urbano, la especulación inmobiliaria, la financiación inadecuada para los sectores populares así como falta de implementación adecuada de los programas de regularización dominial coartaron el acceso a la tierra urbana generando el crecimiento de las villas y asentamientos existentes, así como también generaron un clima propicio para nuevas ocupaciones de tierras vacías por parte de quienes no pueden acceder al mercado formal. El caso de Merlo es un síntoma más de la crisis habitacional y las dificultades de acceso al suelo y a la vivienda que se vive a lo largo del país. Lejos de conseguir una solución a los problemas habitacionales a los cuales están expuestos, quienes acceden informalmente al suelo quedan librados a sufrir desalojos forzosos, amenazas de desalojos o son criminalizados acusados del delito de usurpación, superponiendo el derecho a la propiedad privada por sobre el derecho básico de acceso a la tierra y la vivienda digna, excluyendo socialmente a muchos habitantes. Ante esta situación, creemos necesario abordar la problemática teniendo en cuenta que el derecho a la vivienda digna no sólo refiere a “cuatro paredes y un techo”. Estamos hablando de un problema más amplio que requiere soluciones más complejas, y con políticas públicas y sociales que contemplen sus aristas. La vivienda digna es condición de acceso a otra serie de derechos humanos -como el derecho a la salud, a la seguridad social o a la educación-, y a su vez requiere, para su efectiva satisfacción, la existencia de condiciones de infraestructura y habitabilidad adecuadas, y el acceso pleno a la vida urbana y al ‘derecho a la ciudad´. Pensar una ciudadanía plena está directamente ligado con las posibilidades de acceso al suelo y, en ese sentido, con el reconocimiento estatal del derecho colectivo del uso de la tierra con fines productivos y de vivienda social, dándole al Estado el rol de regulador activo del uso del suelo y  generador de obligaciones a los propietarios del mismo. En vistas de revertir las causas estructurales de la exclusión social, es primordial que se coloque en agenda de manera prioritaria el planeamiento de políticas de tierra y planificación urbana, con el propósito de regular el mercado del suelo de manera tal que el precio de la tierra quede al alcance de todos los ciudadanos, dándoles acceso a un derecho humano fundamental: el derecho a la vivienda digna. En función de lo expuesto, y sin perjuicio de las responsabilidades -políticas y/o de cualquier tipo- que deban ser consideradas, es responsabilidad de los estados nacional, provincial y municipal -los actuales y aquellos que asumirán en pocos semanas- ejecutar las políticas necesarias para darles una solución a las familias de Merlo, garantizándoles una vivienda digna, un acceso formal al suelo y un hábitat adecuado.