Hace 4 meses que en Argentina no hay Defensor/a del Pueblo de la Nación

Legisladores/as Nacionales, organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la Defensoría debatieron sobre el balance histórico y desafíos futuros de la institución, que hace 4 meses se encuentra acéfala.

A partir de la necesidad de designación urgente de un/a nuevo/a Defensor/a del Pueblo de la Nación,la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Fundación Poder Ciudadano realizaron ayer (jueves 27 de marzo) una mesa redonda de discusión en la Cámara de Diputados de la Nación.

En el encuentro se reconocieron diversos avances de la Defensoría del Pueblo desde su creación hasta la fecha, así como se identificaron las principales limitaciones que ha tenido para adquirir un rol de mayor protagonismo en la agenda pública, para la defensa de derechos y el control público. Asimismo, los distintos sectores se manifestaron principalmente en torno a sus preocupaciones producto de la situación institucional actual que atraviesa la entidad, la que se encuentra acéfala desde el 10 de diciembre de 2013 (y sin un/a Defensor/a titular desde el año 2009).

La Senadora Norma Morandini (Frente Cívico) sostuvo que no pueden debatirse los logros y desafíos de una institución como la Defensoría del Pueblo sin hacer especial énfasis en el contexto institucional que atraviesa. En consecuencia transmitió su preocupación por la falta de interés en iniciar el proceso para su designación, y reclamó que los/as candidatos/as que se propongan cumplan condiciones de idoneidad e independencia.

Los Diputados Ricardo Alfonsín y Miguel Bazze (UCR) aseguraron que es necesario que haya una sociedad que reclame a los funcionarios que cumplan su deber, y rescataron el rol y desafío de que eso se ejerza en relación a la Defensoría del Pueblo. Asimismo, sostuvieron que no es posible discutir normas que regulen la protesta social en contextos en donde los canales institucionales de reclamo de derechos, como la Defensoría, no se encuentran en condiciones de actuar eficazmente.

Asimismo, el Jefe del área de legales de la Defensoría del Pueblo, Daniel Bugallo Olano narró su experiencia en el marco de la institución, y explicó que actualmente el personal de la Defensoría está abocado a dar el mayor cumplimiento posible a la misión de la entidad y dar respuesta a los reclamos nuevos y preexistentes que les llegan. Asimismo, describió las limitaciones que en la práctica encuentran para tal fin, entre otras la imposibilidad de iniciar nuevos juicios.

Se pronunciaron también, entre otros/as, Juan Ortiz Freuler por ACIJ, Silvina Ramirez por INECIP, Dolores Duverges por FARN, Pablo Secchi por Poder Ciudadano, Cristina Maiztegui, por FADEA, así como asesores/as de diversos/as diputados/as y senadores/as de la Nación.

Finalmente, las organizaciones sostuvieron que “La Defensoría del Pueblo tiene un rol constitucional demasiado importante como para que se encuentre acéfala hace 4 meses, y en situación de debilidad institucional hace 5 años”, y reiteraron los principales puntos expresados en el documento “Un/a Defensor/a para el Pueblo” (www.defensorparaelpueblo.org) . Específicamente, la necesidad de designación urgente de un/a nuevo/a titular de la entidad, seleccionado a través de un procedimiento participativo, y tendiente a que los/as candidatos/as cumplan con los estándares de idoneidad, independencia y proactividad que el cargo requiere.