El estudio de ACIJ detectó falencias en la forma en que el Poder Ejecutivo responde a los pedidos de acceso a la información. Respuestas incompletas, demoras injustificadas y falta de contestación son algunos de los problemas más graves.
Desde ACIJ nos propusimos poner a prueba el funcionamiento del derecho al acceso a la información pública garantizado en el decreto 1172/03. Esta norma tiene como objetivo el fortalecimiento de la relación entre el Estado y la sociedad civil. Al amparo de este decreto, la ciudadanía debería poder ejercer un verdadero control de los actos de gobierno.
Conscientes de este objetivo quisimos conocer cómo ésta herramienta funciona en la práctica. Para ello, durante el 2012 realizamos pedidos de información a diferentes dependencias públicas y monitoreamos su evolución. Los resultados no son los más alentadores.
De 44 pedidos de información realizados 14 no fueron contestados y 14 fueron contestados fuera del plazo de los diez días. En lo que al análisis cualitativo se refiere el escenario no es mucho mejor: omisión a responder a ciertas preguntas, respuestas incompletas y remisión a páginas de Internet en donde la información no está o es extremadamente difícil acceder a ella.
El diagnóstico al que llegamos a través de estas investigaciones es que la respuesta a los pedidos es sumamente dispar y en la mayoría de los casos carente de los requisitos necesarios para hablar de un verdadero derecho garantizado.