Informe | El rol de la información en el control del Poder Judicial

El acceso a información pública sobre el funcionamiento del Poder Judicial en Argentina presenta serias limitaciones que dificultan el control ciudadano y debilitan la rendición de cuentas. En nuestro nuevo informe analizamos en detalle este problema y proponemos soluciones.

_______________________

La falta de transparencia sobre aspectos básicos del funcionamiento del Poder Judicial no es un problema menor, sino neurálgico para la calidad de nuestra democracia. Para contar con un sistema de justicia idóneo, independiente y receptivo de las necesidades de la ciudadanía no basta con la existencia formal de mecanismos de control. Por el contrario, para que estos sean efectivamente utilizados, es imprescindible contar con datos completos, comparables y accesibles, tanto sobre el desempeño del Poder Judicial como sobre los mecanismos que existen para controlarlo. Solo así es posible detectar irregularidades y hacer que quienes son responsables por ellas rindan cuentas.

En ese contexto, junto a la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, lanzamos el informe “Justicia transparente: El rol de la información en el control del Poder Judicial”, que se propone evaluar el estado de la producción y publicación de información sobre los distintos mecanismos de control a los que se encuentra sujeto el Poder Judicial de la Nación. 

En el informe se detallan algunos problemas concretos:

• Procedimientos disciplinarios reservados: no se publica información útil y completa sobre los procesos que se inician cuando se presentan denuncias contra jueces y juezas. Así, no es posible conocer los motivos de las denuncias, las medidas de prueba que se ordenan ni cómo avanzan las investigaciones.  
• Declaraciones juradas con acceso restringido: las declaraciones juradas de funcionarios judiciales no son publicadas activamente por el Consejo de la Magistratura. Para acceder a ellas es necesario realizar solicitudes individuales que exigen identificación y justificación del pedido, lo que desalienta su uso y desconoce los estándares aplicables en materia de acceso a la información pública.
• Obsequios sin control: sin perjuicio de que la ley 25.188 prohíbe al funcionariado público recibir obsequios, establece algunas excepciones que manda a reglamentar. En el ámbito del Poder Judicial de la Nación se incumplió este deber, por lo que hoy no hay un régimen claro ni registros públicos que permitan conocer si los jueces y juezas reciben regalos, lo que abre zonas de opacidad en perjuicio de su independencia e imparcialidad.
• Auditorías poco claras: pese a que se realizan algunas auditorías sobre diversos aspectos del funcionamiento del Poder Judicial, sus resultados no se publican de manera completa y sistematizada. Por el contrario, la información se encuentra dispersa y resulta muchas veces difícil de interpretar.
• Estadísticas judiciales insuficientes: los datos estadísticos son esenciales para que la ciudadanía pueda monitorear el funcionamiento del Poder Judicial. Sin embargo, tenemos años enteros sin estadística judicial y lo que sí se publica es insuficiente para realizar comparaciones interanuales o entre las distintas jurisdicciones y para comprender en profundidad el funcionamiento del sistema de justicia.
• Información presupuestaria fragmentada: la información presupuestaria se halla dispersa en diferentes sitios web y carece de desagregaciones adecuadas, lo que dificulta conocer cómo el Poder Judicial utiliza sus recursos. 

La transparencia en el Poder Judicial sigue siendo una deuda estructural. La ausencia de políticas de publicación activa, la dispersión de la información y la baja calidad de los datos actualmente disponibles no solo afecta la rendición de cuentas, sino también la confianza pública en la justicia y la capacidad de diseñar políticas basadas en evidencia.

Avanzar en el camino a una mayor transparencia es imprescindible para construir una justicia más responsable, eficiente y cercana a la ciudadanía.