Hacia un estado abierto en Tucumán: organizaciones de la sociedad civil y la academia presentan un proyecto de ley para garantizar el acceso a la información pública

La Provincia de Tucumán es una de las cuatro provincias que no poseen una Ley de Acceso a la Información Pública. En ese contexto, un grupo de organizaciones de la sociedad civil y de la academia de Tucumán elaboraron un proyecto de ley para asegurar el derecho de acceso a la información pública en la Provincia. Es clave que la Legislatura brinde un debate abierto y participativo, en pos de la aprobación de un proyecto que garantice en forma efectiva este derecho humano.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), la Fundación León, Mujeres por Mujeres, la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNT y la Cátedra Abierta de Economía y Sociedad de la Facultad de Ciencias Económicas, presentaron un Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública para la Provincia de Tucumán. Se trata de una herramienta esencial para el ejercicio pleno de los derechos y la consolidación del sistema democrático.

El proyecto, que fue desarrollado tomando como referencia comparativa los estándares internacionales y nacionales vigentes, propone que la norma sea aplicable a todos los órganos del Estado, establezca obligaciones claras sobre la información que el Estado debe publicar proactivamente, contemple excepciones respetando el principio de máxima divulgación y designe una autoridad de aplicación independiente e idónea. 

En  marzo, durante la apertura de sesiones, el Gobernador Osvaldo Jaldo se comprometió a impulsar un debate legislativo sobre esta temática. Con el proyecto presentado por las organizaciones de la sociedad civil se busca contribuir a que dicho debate sea amplio, abierto y participativo, así como asegurar que la ley que se tratará cumpla con los estándares internacionales adecuados en la materia.

Se trata de una valiosa oportunidad para lograr acuerdos y avanzar hacia una política de Estado en materia de transparencia y acceso a la información pública en la provincia. Por ello, las organizaciones impulsoras esperan que las y los legisladores adhieran a este proyecto a fin de que sea incorporado al debate.

El derecho de Acceso a la Información Pública es un derecho humano de carácter instrumental. Si esta ley resulta aprobada, las y los tucumanos tendrán una herramienta local que en principio potencia el ejercicio efectivo de los derechos humanos básicos, a la vez que permite poder conocer el destino de los fondos públicos provinciales, exigir rendición de cuentas sobre  el modo en que se implementan las políticas en materia de derechos, y participar en forma adecuada en los asuntos públicos. 

Contar con una Ley de Acceso a la Información Pública robusta y participativa implicará un avance significativo hacia una Democracia más transparente, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos en Tucumán.

Acceder a la información es un derecho

El acceso a la información pública es fundamental para asegurar el efectivo ejercicio de todos los derechos humanos reconocidos por el Estado nacional y provincial, entre ellos, a que las personas puedan acceder libremente a la información en manos del Estado, lo que permite potenciar la participación ciudadana y su influencia en los procesos de toma de decisiones. Este derecho es clave para promover la mejora en la calidad de las políticas públicas y el funcionamiento de los servicios públicos, fomentar el control cívico sobre los actos de gobierno, garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios y funcionarias y contribuir a la reducción de la corrupción.

Además, permite que quienes ven vulnerados sus derechos más básicos -como la educación, salud y vivienda- puedan conocer cómo se implementan las políticas que deberían garantizar dichos derechos, promoviendo su efectivo ejercicio. Tal como sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas.

El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso” (CorteIDH, Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, sentencia del 19 de septiembre de 2006, Serie C, 151, párr.92).