10.03.20 // Villas e Integración Urbana (novedades)

El Jefe de Gobierno deberá pagar $10.000 diarios por incumplir la sentencia que le ordena resolver el riesgo eléctrico en la Villa 21-24

El Poder Judicial le dio la razón a las vecinas y vecinos de la Villa 21-24 que, junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Defensora ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario -Mariana Pucciarello-, impulsan una causa para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires garantice un acceso seguro y adecuado al servicio eléctrico, en igualdad de condiciones con el resto de la Ciudad y eliminando el grave riesgo eléctrico existente -que implica cortes de suministro, daños en las viviendas e incendios periódicos, y ya provocó la muerte de varias vecinas y vecinos-. La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad confirmó la sentencia que ordenaba al Gobierno porteño cumplir en un plazo máximo de 10 días con la presentación de un “Proyecto Eléctrico Adecuado”, y al jefe de gobierno a pagar una multa de $10.000 por cada día de incumplimiento

En agosto del  2019, el juez de primera instancia -entonces a cargo del Juzgado de Feria-, intimó al gobierno porteño a que presentara el plan integral para solucionar las falencias y peligros del deficiente servicio eléctrico existente en la Villa 21-24 y diera cumplimiento a lo que le había ordenado el Tribunal Superior de Justicia en diciembre de 2018. Además, dispuso multar a Horacio Rodríguez Larreta, hasta que se haga efectivo el cumplimiento de la sentencia. En caso de no ejecutarse el plan por parte del Gobierno, dispuso que sea cumpido por un tercero a cuenta de éste. En el mismo sentido se expresó luego en su dictamen el Asesor Tutelar ante la Cámara, Gustavo Moreno. Dicha decisión fue apelada por el GCBA y por Rodríguez Larreta, quienes pretendieron negar que la sentencia se encontrara incumplida e introdujeron argumentaciones procesales para evitar el pago de las multas impuestas. 

Sin embargo, este 6 de marzo, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad confirmó la sentencia. El fallo -suscripto por las/os jueces/zas Carlos Balbín, Fabiana Schafrik y Mariana Díaz-  confirma la declaración de incumpliento de la sentencia que pesa sobre el Gobierno de la Ciudad, reconoce que “la situación de riesgo eléctrico hace especialmente relevante el oportuno cumplimiento de la sentencia de fondo”, y le obliga a cumplir con las medidas de ejecución dispuestas en 2019. En su fallo, el tribunal sostiene que “ha transcurrido en exceso el plazo razonable para llevar adelante -cuanto menos- los aspectos esenciales que debe contener el proyecto eléctrico”.

Como consecuencia de esta decisión, una vez notificado, el GCBA tiene 10 días hábiles de plazo para presentar un proyecto eléctrico adecuado para la Villa 21-24 e iniciar las obras para erradicar el riesgo eléctrico del barrio. Si no lo hace deberá pagar la multa que se le impuso en 2019 y que la Cámara ha confirmado. Asimismo, la misma Sala declaró la inconstitucionalidad de la Ley 6021, por lo que las eventuales apelaciones contra su sentencia en lo relativo a las multas no suspenderán su ejecución.

Esta decisión afirma una vez más la responsabilidad del gobierno porteño y su obligación de revertir la grave vulneración de derechos que padecen las vecinas y vecinos de la Villa 21-24 debido al riesgo que corre su vida y su integridad física por no acceder a un servicio eléctrico adecuado y en igualdad de condiciones con el resto de los barrios porteños.

Accedé a la sentencia completa


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