04.12.18 // Novedades, Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (novedades), NOVEDADES, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (novedades)

EL FINANCIAMIENTO EMPRESARIO DE LA POLÍTICA DAÑA LA DEMOCRACIA Y FAVORECE LA CORRUPCIÓN

Los grandes escándalos de corrupción de los últimos años, tanto en Argentina como el resto de la región, estuvieron vinculados al financiamiento empresario de la política. Cada uno de estos ejemplos demuestra que el aporte de las empresas a los procesos electorales termina por cooptar al poder político y corromper el ejercicio del mandato popular. Por definición, el fin de las empresas es el lucro, y la razón por la cual deciden aportar a las campañas electorales es la posibilidad de recuperar esa “inversión” a través de la obtención de contratos públicos o de regulaciones que redunden en beneficios económicos para sí o para su sector. En consecuencia, los partidos políticos que acceden al poder terminan condicionados por los intereses de sus aportantes, comprometiendo seriamente el interés general.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional impulsa una reforma de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (26.215) que permite que las empresas aporten a las campañas electorales. De aprobarse, esta medida representaría un retroceso democrático, favorecería la corrupción y aumentaría los riesgos de captura del Estado por parte del sector privado.

El financiamiento empresario de las campañas electorales profundiza la desigualdad y  favorece a las elites económicas, ya que debilita la representatividad y legitimidad de los órganos democráticos y genera incentivos para que los representantes políticos busquen favorecer a las empresas que financian sus campañas, por encima del bienestar general. Habilitar el aporte empresarial es una de las peores reformas posibles al sistema institucional y electoral, que de ser aprobada facilitará procesos de  captura del Estado por parte de empresas privadas.

Por otra parte, la medida no hace más que incrementar la desigualdad entre los distintos partidos y expresiones políticas en favor de aquellos que acceden con mayor facilidad a fuentes de financiamiento empresario. Una democracia de calidad, por el contrario, se sustenta en un sistema electoral justo, que garantice que todas las ideas tengan posibilidades reales de convencer a la mayoría para acceder al ejercicio del poder.

A pesar de la prohibición actual, casos recientes demuestran que las empresas financian de manera ilegal a los partidos políticos, a través de maniobras como el ocultamiento de aportes, el apoyo a actividades permanentes de los partidos que en realidad son utilizadas con fines electorales o la utilización de aportantes fachada. Los casos recientes también demuestran que es posible descubrir e investigar dichas maniobras. Lo que habitualmente no sucede es que las violaciones a la ley resulten en sanciones adecuadas que efectivamente desincentiven las prácticas delictivas por parte de partidos políticos y empresas.

Con el argumento de que resulta difícil controlar el efectivo cumplimiento de las normas que prohíben el aporte empresario, el Poder Ejecutivo impulsa una reforma para permitirlo. Sin embargo, la propuesta resulta contradictoria. El proyecto, a la vez que autoriza el aporte privado a las campañas, establece topes y limitaciones. Siguiendo el mismo razonamiento, no hay motivos para suponer que los límites y nuevas prohibiciones serán respetados o que el sistema de control funcionará.

La solución al actual problema no puede ser la legalización de una práctica nociva para el sistema democrático y que atenta contra la independencia de quienes tienen que decidir en función del bien común. Al contrario, necesitamos una ley que mejore sustancialmente el control de los aportes de campaña, con un sistema moderno que sancione de manera rápida y eficaz a las empresas, partidos y candidatos/as que violan la norma.

La democracia es el bien más preciado que tenemos para vivir en una sociedad justa e igualitaria. Es necesario asumir que los costos de la política deben ser sostenidos por toda la sociedad o enfrentar el riesgo de que las decisiones públicas respondan a los intereses de quienes puedan comprarlas.

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