PROGRAMAS26.02.18
ACIJ / PROGRAMASDesalojo forzoso en la Villa 31 bis: Lo que no debe suceder en los procesos de reurbanización
26/02/18
El sábado 24 dos familias fueron desalojadas violentamente en la Villa 31 por disposición del Jefe de Gobierno. Este desalojo implica un pésimo precedente y genera un contexto de incertidumbre para sus pobladores y los del resto de las villas de la ciudad. Es urgente la definición de un protocolo socialmente responsable de relocalización que garantice los derechos de los vecinos.
En medio del proceso de reurbanización que se encuentra implementando el GCBA en la Villa 31 y 31 bis, el pasado sábado 24 de febrero la Policía de la Ciudad irrumpió por la mañana en dos casas para llevar adelante un desalojo forzoso. La desocupación de las viviendas no fue dispuesta por orden judicial, sino que se ejecutó con base en un decreto del Jefe de Gobierno (Dec. N° 61/18), argumentando para ello el riesgo de derrumbe de dichas construcciones. El procedimiento se realizó en abierta contradicción con lo que se establece en los protocolos de relocalización vigentes [1], y luego de desocupar los inmuebles el GCBA procedió a demoler las viviendas para avanzar con la obra de construcción de la nueva traza de la Autopista Illia.
La Ley N° 3.343, que dispone la reurbanización del barrio, prohíbe expresamente los desalojos forzosos en el polígono, e insta a buscar los mecanismos necesarios para que las relocalizaciones de población sean mínimas, y acordadas con las/os habitantes.
Para los casos en los que las relocalizaciones sean inevitables, se requiere un abordaje integral y atento a las singularidades del caso, en el marco de un protocolo socialmente responsable de relocalización. Esto incluye realizar estudios detallados a los fines de anticipar posibles riesgos para la población afectada y evitar mayores costos tanto para la población realojada como para la administración pública.
Asimismo, las facultades de desocupación de un inmueble por riesgo de derrumbe con que cuenta la administración pública producto de lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos, se prevén estrictamente para garantizar la seguridad de quienes allí habitan, y no habilitan a despojar en forma permanente a los ocupantes de la posesión del bien, ni mucho menos a demolerlo.
Pero el sábado no se tuvieron en cuenta estas consideraciones y se avanzó en forma violenta generando una situación de indefensión para las familias afectadas y de gran incertidumbre para la población general del barrio. Ello se agrava si se tiene en cuenta que la necesidad de relocalización en este caso responde al controvertido cambio de trazado de la autopista Ilia, que no fue discutido en el barrio pese a que impacta directamente en él.
En este contexto, se genera un precedente sumamente preocupante en relación al modo en que se resuelven los desacuerdos entre la administración pública y las/os habitantes de las villas en los procesos de reurbanización, y se deja un mensaje muy nocivo respecto del sentido de estas políticas públicas.
Desde ACIJ instamos a los organismos competentes del Gobierno de la Ciudad a que se retomen los canales de participación con las/os habitantes del barrio en cada uno de los pasos del proceso de reurbanización, y en los casos en que las relocalizaciones sean inevitables para llevar adelante los proyectos se acuerde la implementación de un protocolo socialmente responsable de relocalización. Éste, tal como fue consensuado por más de ochenta organizaciones en el Acuerdo por la Urbanización de Villas [2], debería cumplir con, al menos, los siguientes principios: enfoque integral con perspectiva de género, especial foco en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, participación de los afectados en todas las etapas del proceso (antes y después), y trabajo conjunto con las diferentes dependencias públicas para reducir los efectos traumáticos del desplazamiento.
1 Tanto el Instituto de Vivienda de la Ciudad como la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo elaboraron protocolos para situaciones de relocalización, que de haber sido aplicados al caso hubieran prevenido las acciones violentas acontecidas.
2 http://acuerdoporlaurbanizacion.org
En medio del proceso de reurbanización que se encuentra implementando el GCBA en la Villa 31 y 31 bis, el pasado sábado 24 de febrero la Policía de la Ciudad irrumpió por la mañana en dos casas para llevar adelante un desalojo forzoso. La desocupación de las viviendas no fue dispuesta por orden judicial, sino que se ejecutó con base en un decreto del Jefe de Gobierno (Dec. N° 61/18), argumentando para ello el riesgo de derrumbe de dichas construcciones. El procedimiento se realizó en abierta contradicción con lo que se establece en los protocolos de relocalización vigentes [1], y luego de desocupar los inmuebles el GCBA procedió a demoler las viviendas para avanzar con la obra de construcción de la nueva traza de la Autopista Illia.
La Ley N° 3.343, que dispone la reurbanización del barrio, prohíbe expresamente los desalojos forzosos en el polígono, e insta a buscar los mecanismos necesarios para que las relocalizaciones de población sean mínimas, y acordadas con las/os habitantes.
Para los casos en los que las relocalizaciones sean inevitables, se requiere un abordaje integral y atento a las singularidades del caso, en el marco de un protocolo socialmente responsable de relocalización. Esto incluye realizar estudios detallados a los fines de anticipar posibles riesgos para la población afectada y evitar mayores costos tanto para la población realojada como para la administración pública.
Asimismo, las facultades de desocupación de un inmueble por riesgo de derrumbe con que cuenta la administración pública producto de lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos, se prevén estrictamente para garantizar la seguridad de quienes allí habitan, y no habilitan a despojar en forma permanente a los ocupantes de la posesión del bien, ni mucho menos a demolerlo.
Pero el sábado no se tuvieron en cuenta estas consideraciones y se avanzó en forma violenta generando una situación de indefensión para las familias afectadas y de gran incertidumbre para la población general del barrio. Ello se agrava si se tiene en cuenta que la necesidad de relocalización en este caso responde al controvertido cambio de trazado de la autopista Ilia, que no fue discutido en el barrio pese a que impacta directamente en él.
En este contexto, se genera un precedente sumamente preocupante en relación al modo en que se resuelven los desacuerdos entre la administración pública y las/os habitantes de las villas en los procesos de reurbanización, y se deja un mensaje muy nocivo respecto del sentido de estas políticas públicas.
Desde ACIJ instamos a los organismos competentes del Gobierno de la Ciudad a que se retomen los canales de participación con las/os habitantes del barrio en cada uno de los pasos del proceso de reurbanización, y en los casos en que las relocalizaciones sean inevitables para llevar adelante los proyectos se acuerde la implementación de un protocolo socialmente responsable de relocalización. Éste, tal como fue consensuado por más de ochenta organizaciones en el Acuerdo por la Urbanización de Villas [2], debería cumplir con, al menos, los siguientes principios: enfoque integral con perspectiva de género, especial foco en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, participación de los afectados en todas las etapas del proceso (antes y después), y trabajo conjunto con las diferentes dependencias públicas para reducir los efectos traumáticos del desplazamiento.
1 Tanto el Instituto de Vivienda de la Ciudad como la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo elaboraron protocolos para situaciones de relocalización, que de haber sido aplicados al caso hubieran prevenido las acciones violentas acontecidas.
2 http://acuerdoporlaurbanizacion.org