Los amparos que pidieron que se declarara inconstitucional la última reforma del Consejo de la Magistratura no encuentran un juez dispuesto a resolverlos.
Desde hace casi cuatro meses, los ocho planteos deambulan acéfalos de tribunal en tribunal. Su objetivo es, tal vez, demasiado ambicioso: pretenden que la Justicia frene la aplicación de aquella ley que incrementó el poder del oficialismo en el cuerpo que elige y controla a los magistrados.
El fuero contencioso administrativo porteño tiene 12 jueces. Según un relevamiento realizado por LA NACION, siete de ellos recibieron amparos en sus despachos: ninguno aceptó dictar una sentencia que diga si la reforma viola o no la Carta Magna.
“Estoy compitiendo en un concurso en el Consejo para ser camarista”, fue la explicación de uno de los que se excusaron. “Como juez soy parte interesada en la reforma [porque redujo los representantes del Poder Judicial en el Consejo]”, fue otra de las razones esgrimidas.
Entre idas y venidas, algunos magistrados recibieron los pedidos de inconstitucionalidad en más de una oportunidad. Por eso, en total, los jueces ya rechazaron intervenir en este caso 23 veces.
El lunes último, un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal les dio una esperanza a los promotores de los amparos. Este tribunal le devolvió el caso a una de las juezas que se habían excusado, Clara Do Pico, y le ordenó resolverlo.
La excusación de la jueza había sido consecuencia de una maniobra del Gobierno, que, al presentar su descargo en el juicio, eligió como patrocinante ni más ni menos que a Carlos Do Pico, hermano de la jueza. Así, la obligó a apartarse del caso.
Pero la Cámara sostuvo en su fallo del lunes que no correspondía la excusación, que éste “es un mecanismo de excepción” y que “altera el principio constitucional del juez natural”. Consideró, además, que “no se puede soslayar” que la Procuración del Tesoro cuenta con unos 200 abogados que podrían haber intervenido en el caso y que cuando el doctor Do Pico participó “evidentemente, tenía conocimiento” de que la causa estaba en el juzgado de su hermana.
Ahora parece que, por fin, los amparos tienen una jueza, que debería dictar sentencia en los próximos días. Sin embargo, después de tantas trabas, los querellantes son escépticos. Incrementó su desaliento una decisión de la Cámara que rechazó la medida cautelar que habían pedido para frenar la reforma hasta que se resuelvan los amparos.
Posiciones
Ellos saben que cuanto más tiempo pase, más difícil les resultará obtener la sentencia que esperan y ya hablan de una “denegación de justicia”.
“Lo que está pasando es justamente lo que advertimos que podía ocurrir a partir de esta reforma”, dijo Horacio Acebedo, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), autor de uno de los amparos. Y agregó: “La reforma es claramente inconstitucional y ningún juez se quiere hacer cargo del caso, como si tuvieran un misterioso temor colectivo”.
En el mismo sentido, Raquel Ascencio, que presentó una acción junto con la líder de ARI, Elisa Carrió, dijo: “Un amparo debe ser resuelto con urgencia. Ya pasaron más de dos meses. No tener juez en un caso así es directamente una denegación de justicia”.
La modificación del Consejo de la Magistratura fue una iniciativa que el presidente Néstor Kirchner y su mujer, la senadora Cristina Fernández, defendieron con firmeza pese a la resistencia casi unánime del mundo jurídico y de buena parte de la oposición. Las críticas a la reforma se centraron en que, con la nueva conformación, el Consejo no podrá acusar a ningún magistrado sin el consentimiento del oficialismo.
El primer amparo contra la reforma del Consejo llegó a los tribunales el 23 de febrero último, al día siguiente de su sanción. Fue promovido por el abogado Ricardo Monner Sans y es el paradigma de cómo un expediente puede enredarse en la burocracia judicial: ya cambió de juez cinco veces.
“Esto es una calesita infernal”, afirma Monner Sans indignado. “Estamos ante un caso insólito de ajusticiabilidad. Si todos los jueces se creen afectados porque el Consejo está integrado por jueces, nadie va a resolver nunca el caso.”
Desde la sanción de la reforma, además de Monner Sans, la AABA y el ARI, pidieron su inconstitucionalidad los colegio de abogados de San Isidro y la Capital, la Asociación por los Derechos Civiles, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y dos abogados particulares. La suerte de sus causas no ha sido mejor.
La Constitución establece que la acción de amparo será “expedita y rápida”. Casi cuatro meses de enredos parecen desmentirla.
Por Paz Rodríguez Niell