Condenan al Gobierno porteño por discriminar a vecinos de la zona sur

La sentencia fue dictada el pasado 15 de marzo y se notificó ayer a las partes, en el marco de una demanda de amparo colectivo antidistriminatorio iniciada en octubre pasado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que se basó la inconstitucionalidad del tratamiento desigual brindado por el Gobierno a la población más desaventajada económicamente de la ciudad.

La campaña estatal “Cestos papeleros: son tuyos usalos, son de todos, cuidalos”, de la cual fueron excluidos los barrios de Villa Lugano, Villa Soldati, Mataderos y Villa Riachuelo (identificada como zona V) contempló la instalación de 38.000 cestos papeleros nuevos en la vía pública y una profusa actividad de difusión y concientización pública a través de afiches, carteles publicitarios, actividades en plazas públicas y avisos en medios de comunicación masiva, con el fin de mejorar el nivel de limpieza en la vía pública.

“El hecho de que el Estado no haya incluido a la zona más pobre de las seis en que se ha dividido la Ciudad en la campaña por la cual se han instalado 38.000 cestos papeleros, constituye un caso flagrante de discriminación por condición social y posición económica, que vulnera las normas fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, que consagran el derecho a un trato igualitario y la prohibición de la discriminación”, estimó ACIJ en sus argumentos.

En concordancia con los fundamentos del amparo, el fallo establece que “la ausencia de la campaña de educación y colocación de cestos en la Zona V que administra, dirige y ejecuta un Ente que depende de la Ciudad, cuando al mismo tiempo dicha campaña se llevó a cabo en las restantes zonas de la Ciudad, configuran una conducta omisiva que es claramente discriminatoria de los vecinos que viven y/o desarrollan sus actividades en la zona sur de esta Ciudad”.

Recién en diciembre de 2005, luego de iniciada la demanda de amparo, la Subsecretaría de Medio Ambiente adquirió por contratación directa 1.250 cestos que comenzaron a colocarse en enero del 2006. Para la jueza, esta situación “evidencia que los vecinos de la zona sur de la Ciudad (Zona V) tuvieron un trato desigual respecto de los restantes vecinos que habitan las otras zonas en que se dividió la Ciudad a los fines de la prestación del servicio público de limpieza”. Al momento de la sentencia, en la zona se había instalado una cantidad de cestos que equivalía al 20 por ciento de los instalados en el resto de la ciudad, y no se había realizado ninguna actividad educativa.

“Lo cierto es que luego de transcurrido casi ocho meses de la campaña educativa y de colocación de cestos en otras zonas de la Ciudad, los habitantes de la Zona V han sufrido a partir de la conducta omisiva por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una discriminación arbitraria e inconstitucional que viola el principio de igualdad ante la ley y el desarrollo humano y económico equilibrado que evite y compense las desigualdades zonales dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires”, concluyó Schafrik.

La sentencia además aclara que el Gobierno “deberá tener en cuenta los mismos parámetros que se tuvieron en consideración en las restantes cinco zonas de la Ciudad, acreditando que los habitantes de la Zona V accederán a igual servicio que dichas zonas, con expresa comparación cualitativa, cuantitativa y de calidad de prestación entre la brindada –en lo que hace la colocación de cestos papeleros- entre las mencionadas y la Zona V de la Ciudad”. Asimismo, intima a que en el mismo plazo y al mismo tiempo deberá desarrollar una campaña de concientización en igualdad de condiciones para los habitantes de la Zona V de la Ciudad de Buenos Aires que la desarrollada en las otras zona de la Ciudad.

“Los servicios pùblicos deben organizarse sin discriminaciones injustas entre los ciudadanos. No puede haber servicios de primera para los que màs tienen y de segunda para los que menos tienen. La sentencia resulta encomiable por su defensa del principio más básico de nuestra constitución: todos somos iguales ante la ley y ante el estado y merecemos igual consideración y respeto con independencia de nuestro origen o condición social y posición económica. De eso se trata la ciudadanía en una democracia”, manifestó Gustavo Maurino, codirector de ACIJ.

Para mayor información, comunicarse con Gustavo Maurino, co-director de ACIJ, al 155-6242334 o con Albertina Maranzana, al 4381-2371.