Las principales ONG del ámbito judicial advierten que la selección de jueces y la administración del dinero de la Justicia podrán ser manejados a piacere por las corporaciones de magistrados y abogados si prospera la reforma del Consejo de la Magistratura tal como la impulsa la oposición, en el dictamen que será tratado por el pleno de la Cámara de Diputados. En un documento que presentarán esta semana ante todos los bloques, las organizaciones civiles señalarán los riesgos de que el nuevo esquema alimente el poder de “los estamentos no representativos de la voluntad popular” en las grandes decisiones del organismo. El regreso del titular de la Corte Suprema a la presidencia del Consejo es visto con preocupación, como un ingrediente que acentúa esa tendencia.
El Consejo de la Magistratura es, casi de nacimiento, un campo de batallas constantes por influir en el nombramiento de jueces, en su sanción o destitución y en el dominio del presupuesto judicial. Las peleas se dan entre fuerzas políticas, pero también entre políticos, jueces y abogados, cada quien con sus razones. Esto explica situaciones extremas como que aún siga trabado el concurso más viejo (iniciado en 2005) y quizá el más importante, destinado a cubrir las vacantes de cuatro juzgados federales porteños, donde tramitan las causas de corrupción. También explica que el arte de cajonear investigaciones contra jueces aparezca compartido en las estadísticas de los últimos años por todos los sectores (radicales, kirchneristas, jueces y abogados).
Por una cosa u otra, el Consejo es siempre blanco de críticas, aunque haya ofrecido en sus más de diez años un salto respecto del antiguo nombramiento de jueces a dedo. Después del recambio legislativo en diciembre, la oposición vio la oportunidad de empujar una reforma del organismo con sello propio y ganar terreno en su composición. La discusión hizo hincapié en cambiar la integración y, según el dictamen armado por el “Grupo A” en tres comisiones, podría pasar de sus 13 miembros actuales a tener 18. En el diseño vigente, fruto de la reforma K, hay mayoría de políticos (siete) y entre ellos mayoría oficialista (cinco), más tres jueces, dos abogados y un académico.
En la propuesta que se podría votar la semana próxima (ver aparte), los políticos son siete pero predominará la oposición, ya que hay dos lugares para cada una de las tres primeras fuerzas más un delegado del Poder Ejecutivo; hay tres jueces más el titular de la Corte, cuatro abogados y tres académicos. “Es un avance que ningún estamento tenga poder de veto sobre el otro y que se incluya a las minorías parlamentarias. Sin embargo (el dictamen) presenta una inclinación hacia los estamentos no representativos de la voluntad popular”, alertan las ONG que participaron de la discusión. Ese será, le anticiparon a Página/12, parte del planteo que llevarán a todos los bloques parlamentarios para que lo analicen antes de votar. Será un documento firmado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Poder Ciudadano y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
El problema, dicen ellos, no estaría tanto en las nuevas proporciones sino en cómo se reflejan en cada una de las comisiones del Consejo y dónde se toman las decisiones esenciales. “La Comisión de Selección, que define las ternas para los concursos, quedaría desbalanceada”, advierte Paula Litvachky, directora del Programa de Justicia Democrática del CELS, ya que de sus trece integrantes sólo tres son legisladores. “Incluso esta comisión quedaría facultada para modificar el orden de mérito en relación a la calificación que pone el jurado, hay margen para la discrecionalidad”, sostiene la abogada.
Una particularidad del método de selección en ciernes es que de un mismo concurso surgirá una lista de aspirantes que estará disponible hasta dos años después para cubrir cargos que surjan en un mismo fuero y jurisdicción. Fernando Basch, director del Programa de Justicia de la ADC, critica que “esto puede favorecer a quienes quedaron en peor posición”. Tampoco resuelve, dice, la letanía en las designaciones, que en los últimos años ha elevado a cerca del 20 por ciento el promedio de juzgados vacantes, ya que “las demoras también están en el Poder Ejecutivo”.
Las dilaciones sospechosas en los procesos de acusación y juicio político estarán más controladas al haber plazo de un año para la investigación y reportes periódicos obligatorios para el consejero que la realiza, dicen las entidades. Sin embargo, notan llamativas imprecisiones en el texto de la norma, que podrían llevar a manejos y arbitrariedades.
El regreso del presidente de la Corte Suprema a la cabeza del Consejo es otro de los puntos complejos. “Le da al organismo una mirada más corporativa de las decisiones y hay complicaciones sobre el armado y el manejo del Presupuesto. Según la Constitución, el presupuesto del Poder Judicial lo debe armar el Consejo, pero de acuerdo al dictamen la Corte se quedaría con la potestad de modificar los números proyectados por el cuerpo”, dice Litvachky. Basch también advierte que en la Comisión de Administración “el componente político también quedaría en minoría”.
“La Constitución no dice que en el Consejo tiene que haber un juez de la Corte. Habla de jueces de todas las instancias, pero la Corte no es una instancia. Sus integrantes deberían dedicarse a dictar sentencias”, cuestiona Beinusz Szmukler, un ex consejero que ahora preside el Observatorio de la Justicia Argentina (Observa), que monitorea al Consejo de la Magistratura e influyó en los cambios exigidos al dictamen final por los diputados de Proyecto Sur. Szmukler cuenta que mientras fue consejero y un supremo presidió el Consejo “quedó claro que no cumplía ninguna función útil”. Lo que rescata –al igual que el resto de las ONG consultadas– es que el juez de la Corte no podrá nombrar ni al secretario general ni al administrador ni al jefe de auditores, que serán cargos concursados. Tampoco tendrá voto, excepto que haya empate. “No hay ninguna necesidad de que la Corte integre el Consejo”, se suma Basch.
El dictamen acordado por la oposición desde las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Peticiones está en los antípodas de los cambios que promovía el kirchnerismo, con exámenes periódicos a los jueces y elección popular de abogados. Lo curioso es que, en ciertos aspectos, tiene algo del espíritu de aquella propuesta, y que las ONG destacan: se auditará la gestión de los juzgados y habrá, entre otras cosas, un consejo consultivo permanente con representantes de la sociedad civil. Todo esto, claro, si después de pasar por Diputados lo aprueba el peliagudo Senado.
Por Irina Hauser