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Comentarios sobre el fallo de la Corte Suprema por la reforma del Consejo de la Magistratura

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ACIJ celebra el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura y pide debatir las reformas que el Poder Judicial necesita

 

ACIJ celebra la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por mayoría declaró inconstitucionales los artículos de la Ley Nº 26.855 de reformas al Consejo de la Magistratura de la Nación relativos a la modificación del modo de integración de dicho órgano, así como de la elección de sus miembros.

El fallo de la Corte va en línea con los principales cuestionamientos constitucionales que desde diversos sectores se había realizado a la propuesta de reforma durante el debate previo a su aprobación legislativa, del que ACIJ participó activamente aportando información y desarrollando estrategias de sensibilización e incidencia (ver: www.reformajusticia.org y análisis de ACIJ).

ACIJ sostiene que el fallo no debe venir a cerrar la discusión respecto de las reformas necesarias sobre el Poder Judicial, sino que debe servir como oportunidad para dar un paso cualitativo en la reflexión y debate públicos en relación a los cambios que el Poder Judicial necesita, con miras a un efectivo cumplimiento de los principios de independencia judicial, acceso a la justicia y tutela efectiva.

Este caso será un antecedente muy relevante en materia de primacía constitucional, y respecto del rol que a los jueces les cabe en nuestra democracia. Ahora, es necesario discutir –de manera amplia y participativa- los problemas del Poder Judicial y construir una agenda que permita avanzar en su fortalecimiento y en la construcción de legitimidad frente a la sociedad.

Entre las medidas que ACIJ propone debatir, se encuentran las siguientes:
  • transparentar los concursos de acceso a los cargos superiores;
  • modificar los Códigos Procesales para avanzar hacia la simplificación de los procedimientos y el lenguaje judicial, así como la oralización y desburocratización general de los procesos;
  • sancionar una Ley de Acceso a la Información Pública que alcance al Poder Judicial;
  • generar mecanismos de elaboración de estadística sobre el funcionamiento del Poder Judicial de acceso público, confiable y desagregada;
  • crear mecanismos para el fortalecimiento del acceso a la justicia de los sectores más vulnerables;
  • promover la transparencia y participación ciudadana en la discusión de causas judiciales de interés público;
  • regular adecuadamente las acciones judiciales para la defensa de derechos de incidencia colectiva;
  • avanzar en criterios de horizontalidad y eficiencia en la organización de los/as jueces/zas;
  • reconocer la diversidad en la administraciones de justicia con criterios del pluralismo jurídico;
  • incorporar mecanismos de rendición de cuentas de la gestión del Poder Judicial;
  • promover políticas de igualdad de género; entre otras.
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