¿En qué consiste?

Las personas con discapacidad han sido históricamente concebidas como improductivas para la sociedad e incapaces de decidir por sí mismas, lo que las llevó a ser habladas por otras, segregadas en diversos tipos de instituciones y forzadas a vivir de acuerdo a la voluntad de sus familiares y representantes legales o según lo ordenado por autoridades públicas. El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad busca cambiar esta realidad mediante el reconocimiento de su derecho a la vida independiente, disponiendo que deben elegir dónde, con quién y de qué forma vivir, y acceder a todas las instalaciones y servicios comunitarios en igualdad de condiciones. Sin embargo, el Estado continúa invirtiendo sus recursos en programas que responden al modelo médico de la discapacidad, en abierta contradicción con las obligaciones que asumió en el plano internacional. En ese contexto, es esencial deconstruir las concepciones patologizantes y tutelares de la discapacidad y promover políticas públicas que permitan a estas personas vivir en la comunidad según sus deseos y acceder a los apoyos que necesitan para ejercer sus derechos sin discriminación.

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