Rafecas resolvió así un pedido presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención contra la Criminalidad Económica (CIPCE), en noviembre de 2005.
Ambas ONG reclamaron tener acceso a la causa y fundamentaron el pedido en la “necesidad de publicidad que tienen las cuestiones vinculadas a actos de corrupción que emanan de funcionarios públicos”.
Las entidades apuntaron a “garantizar la transparencia de la función pública y la idoneidad de los representantes”.
Rafecas accedió al pedido de las ONG, según informaron esas organizaciones, tras considerar que “representan el interés colectivo”.
Ezequiel Nino, director de ACIJ, opinó que el fallo establece que “la sociedad tiene derecho a la publicidad de estos procedimientos, hasta ahora secretos”.
Por su parte, Pedro Biscay, Director del CIPCE, sostuvo que “el fallo sienta un importante precedente al permitir una mayor participación de la sociedad civil en el seguimiento de los grandes casos de corrupción”. (DyN)