“En el primer período no fuimos eficientes”, dijo la titular de la Sechi
Las políticas erráticas y los cambios en los organismos que intervienen en materia habitacional en la ciudad han ido en detrimento de la urbanización de las 30 villas y asentamientos de Buenos Aires.
Tal es la conclusión de la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y del propio gobierno porteño, que evaluó que durante los primeros cuatro años de gestión la política “no fue eficiente”.
“El organismo legalmente responsable de la política habitacional en Buenos Aires -el Instituto de la Vivienda de la Ciudad- en los últimos años no contó con presupuesto suficiente para llevar a cabo las tareas necesarias para paliar la grave crisis habitacional que enfrentan los habitantes de las villas”, dice el informe de la ACIJ.
Y agrega: “No existe un organismo y un sistema que centralice y planifique las políticas de vivienda en la ciudad, y asigne y priorice recursos presupuestarios. En cambio, existen muchos organismos que de manera desarticulada realizan tareas aisladas que no cooperan en la construcción de una política social y en remediar la crisis habitacional, sino que constituyen meras iniciativas sin incidencia”.
El presupuesto para el año próximo para la Secretaría de Hábitat e Inclusión porteña (Sechi) está estimado en 400 millones de pesos. También hay otros 400 millones que se asignan al IVC, que otorga líneas de crédito y también construye viviendas sociales. En el gobierno local recuerdan que aún hay licitaciones y construcciones en marcha que realizan organismos como la Corporación del Sur o el Ministerio de Desarrollo Urbano, que deben contabilizarse en este presupuesto. Cabe recordar que el total de gastos del distrito asciende a $ 60.000 millones, según lo aprobado por la Legislatura.
Marina Klemensiewicz, titular de la Sechi, indicó: “Después de evaluar nuestro primer período de gestión hicimos nuestra autocrítica y evaluamos que no fuimos eficientes en la transformación urbana de la ciudad informal. En el camino hemos creado unidades de inclusión en cada una de las villas y el presupuesto lo vamos destinando a las necesidades de los barrios”. Según detallaron, en esa repartición se sumaron 70 espacios públicos a las villas y asentamientos y se incorporaron 40.000 beneficiarios a los planes sociales porteños.
“Se trabaja con cooperativas, con asociaciones de los barrios. Son muchos años de desconfianza y para poder generar un cambio es necesario que la gente sepa que puede acceder al Estado. También creemos que es fundamental la regularización dominial y en muchos casos no tenemos la titularidad de las tierras. Eso nos dificulta mucho el proceso”, consignó la funcionaria.