Así no se discute en democracia

Un Estado que no garantiza participación y discusión adecuada de decisiones de trascendencia deteriora gravemente su legitimidad frente a la ciudadanía. En estas sesiones extraordinarias, los/as integrantes del Congreso de la Nación tienen la responsabilidad de analizar las propuestas del Poder Ejecutivo referidas a la reforma tributaria, previsional, laboral y al presupuesto para 2018. Todas ellas son cuestiones que ameritan discusiones profundas, transparentes y participativas, con información clara y precisa que permita a la ciudadanía comprender el impacto de los cambios que se proponen ante los diferentes escenarios posibles. El debate democrático requiere, además de la discusión y un debate profundo en el Congreso, que se produzca información clara, detallada, precisa y fundada sobre las consecuencias de las propuestas que se debaten, así como garantizar el derecho a la libertad de expresión y con ella a la protesta social. El extremo apuro en tratar una reforma que afecta los ingresos de los grupos de mayor vulnerabilidad (jubilados, personas con discapacidad, infancia), el desmedido e intimidante despliegue de fuerzas de seguridad que se observó en la zona del Congreso, y los graves actos de violencia dirigidos a reprimir la protesta frente a la adopción de tales decisiones en tiempo récord y sin que se escuchara a los grupos afectados, constituyen peligrosas limitaciones al debate y libre intercambio de opiniones, y minan la legitimidad de las reformas que se pretende adoptar. A ello se agrega la amenaza de adoptar algunas de estas reformas mediante un decreto de necesidad y urgencia, medida a todas luces inconstitucional y antirepublicana. El proyecto de reforma previsional, por caso, modifica algo tan trascendente como la fórmula que actualiza las prestaciones previsionales y prestaciones monetarias de la seguridad social, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH), las pensiones no contributivas para personas con discapacidad, y jubilaciones. Sin embargo, durante el brevísimo debate en el Congreso, autoridades del Ministerio de Hacienda y legisladores han difundido información contradictoria sobre su impacto, y ni el Ejecutivo, ni el bloque oficialista que promueve la reforma, difundieron estimaciones claras sobre sus consecuencias ante diferentes escenarios económicos. Aún hoy, cuando se refiere la posibilidad de incorporar un bono que mitigue la brecha en la actualización, se desconoce el detalle de dicha propuesta.   Es grave además que el debate de medidas que comprometen la subsistencia de grupos en situación de vulnerabilidad se encuentra signado por la finalidad de reducir el gasto público, sin que se generen instancias y espacios para discutir alternativas que no golpeen a los grupos más desfavorecidos. A modo de ejemplo, el Ejecutivo ha estimado que las exenciones impositivas (trato impositivo diferencial, privilegiado y más beneficioso para ciertos contribuyentes) para el año 2018 alcanzarán $ 345.878 millones, que equivale a 2,80% del PIB y al 11,5% de la recaudación de impuestos nacionales y contribuciones a la seguridad social proyectada para el año. En respuestas a pedidos de información pública, el Poder Ejecutivo admitió que no cuenta con ninguna evidencia o estudio que permita justificar el mantenimiento de las diferentes exenciones, y no brinda información sobre sus beneficiarios/as. Por ejemplo, sólo el Régimen de Promoción de la Actividad Minera (Ley 24.196), implicará dejar de percibir 1.507 millones de pesos, 250 millones más que en 2017. A su vez, los regímenes de promoción económica en total alcanzaran 63.607 (millones de pesos, el 0.51 del PBI). En contraste, las medidas cuyo debate se prioriza son aquellas que  tienden a reducir los fondos disponibles para garantizar los derechos de grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Los compromisos internacionales vigentes en materia de derechos económicos sociales y culturales y derechos de la infancia, así como la Ley 26.061, señalan expresamente que el Estado debe destinar el máximo de los recursos disponibles para la garantía de derechos, y más aún, se encuentran vedadas las medidas regresivas que disminuyen la inversión pública para la garantía de los DESC. Una medida que afecte los derechos a la seguridad social, y la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad, debe contemplar en su diseño el cumplimiento de los compromisos internacionales vigentes, y el Congreso debe garantizar un debate profundo e inclusivo en forma previa a su adopción. De lo contrario, no tendrán la legitimidad que sólo un proceso genuinamente democrático puede garantizar.