09.03.20 // Discapacidad y DDHH (novedades)

ACIJ se presentó como “amicus curiae” en defensa del derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad

Fue en el marco de un proceso que tramita ante la Corte Constitucional de Colombia, en el cual se debate la constitucionalidad de una ley que garantiza el derecho de las personas con discapacidad a ejercer su capacidad legal sin discriminación. 

La capacidad legal es el derecho de las personas a ser reconocidas como sujetos ante la ley y a que los actos que realizan tengan efectos jurídicos. Las personas con discapacidad han sido históricamente incapacitadas judicialmente y sustituidas en la toma de decisiones mediante la designación de curadores/as. Así, el Poder Judicial les ha impedido contraer matrimonio, administrar y disponer de sus bienes, votar y estar en juicio, entre otros derechos. Estas prácticas quedaron expresamente prohibidas con la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que en su artículo 12 dispone que -lejos de sustituir su voluntad- deben brindárseles los apoyos que requieran para decidir en condiciones de igualdad.

En ese contexto, y en cumplimiento de la obligación de adecuar la normativa interna a los tratados internacionales, Colombia sancionó la Ley 1996 del 26 de agosto de 2019. Entre sus puntos más importantes, se reconoce la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, su derecho a obtener apoyos, a tomar riesgos y a cometer errores, se establece el deber de los apoyos de respetar siempre sus preferencias y se prohíbe la interdicción judicial, es decir, que ninguna autoridad judicial puede privarlas de sus derechos.

Luego de la aprobación de esta norma, se presentaron dos demandas solicitando que se declare su inconstitucionalidad con fundamentos inadmisibles a la luz de las obligaciones establecidas en la CDPD, que reflejan un grave retroceso al modelo médico-rehabilitador de la discapacidad. Estas presentaciones argumentan que no todas las personas pueden comprender sus actos y que la designación de curadores/as es una medida destinada a protegerlas.

Desde ACIJ, nos presentamos ante la Corte Constitucional Colombiana como “amicus curiae” (institución que permite a las personas u organizaciones con conocimiento o experiencia en la temática discutida aportar argumentos para una mejor resolución del caso) en defensa de la ley. En nuestra presentación, sostuvimos que la discapacidad en ningún caso puede justificar una restricción de la capacidad jurídica y que es deber de los Estados eliminar todos los regímenes basados en la sustitución en la toma de decisiones y crear sistemas de apoyo para que puedan vivir según sus deseos

Esperamos que la Corte se pronuncie en favor de la constitucionalidad de la ley y permita de ese modo alcanzar prácticas institucionales respetuosas de los derechos de las personas con discapacidad, que les devuelvan la subjetividad que les ha sido arrebatada durante siglos.

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