Más de 150 organizaciones cuestionamos el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental y exigimos la participación de las personas que se verían afectadas por la reforma en el debate legislativo

Organizaciones de personas con discapacidad y usuarias de los servicios de salud mental, de familias y de derechos humanos, junto a asociaciones profesionales y universidades, entre otras, enviamos una carta a las senadoras y senadores de la Nación alertando sobre la inconstitucionalidad del proyecto de reforma de la ley 26.657 presentado por el Poder Ejecutivo Nacional.

El referido proyecto implica el retorno del modelo centrado en el hospital psiquiátrico, que desconoce abiertamente la evidencia científica y las obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos. La reforma desmantela aspectos centrales de la ley vigente al eliminar la prohibición de crear centros psiquiátricos, suprimir la obligación de sustituir los existentes, habilitar expresamente la internación en dichos espacios y abandonar la enumeración de los dispositivos de inclusión social que hoy orienta y limita la discrecionalidad de los decisores públicos. Pero el modelo basado en el hospital psiquiátrico tiene dos grandes falencias. 

En primer lugar, es inefectivo para responder a los problemas que nuestros sistemas sanitarios enfrentan actualmente. Está probado que la integración de la salud mental en los servicios generales (por oposición a los especializados) reduce el tiempo promedio de internación y los índices de recaída, favorece el mantenimiento de vínculos afectivos, sociales y laborales, contribuye a resolver la brecha de atención, favorece la prevención y el abordaje oportuno de situaciones que luego podrían devenir en crisis y amplía la accesibilidad geográfica al permitir la atención en las localidades donde sus usuarios/as tienen sus redes de apoyo naturales. 

En segundo lugar, el modelo basado en el hospital psiquiátrico daña a las personas, en tanto conduce a abordajes iatrogénicos y violatorios de derechos, al promover el aislamiento y las prácticas coercitivas.

Por estas razones, organismos de Naciones Unidas urgieron a los Estados a avanzar en la implementación del enfoque comunitario. A modo de ejemplo, la Organización Mundial de la Salud afirmó que la atención en la comunidad tiene mejores efectos que el tratamiento institucional en el pronóstico y calidad de vida de las personas, y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ordenó a nuestro país cerrar los hospitales psiquiátricos, asegurar procesos de externación e implementar redes de atención integradas al primer nivel. El proyecto en cuestión, sin brindar evidencia científica ni argumento jurídico alguno, hace justamente lo contrario.

No negamos los déficits que hoy enfrenta el sistema de atención de la salud mental, pero sí la que se presenta como su causa. Todos ellos, lejos de ser consecuencia de la ley vigente, emergen ante su falta de implementación. En la actualidad, no hay servicios de salud mental en hospitales generales, los dispositivos comunitarios son prácticamente inexistentes y tampoco hay presupuesto (del total del 10% del gasto en salud que prevé asignar la ley 26.657 a salud mental, nunca se destinó más del 2,66%).

Finalmente, exigimos a senadores y senadoras que convoquen a audiencias públicas en las que las personas usuarias de los servicios de salud mental sean efectivamente escuchadas. Esto no es una opción, sino una obligación jurídica que surge del artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Congreso tiene en sus manos una decisión neurálgica para el bienestar de la población y, frente a eso, dos caminos: recuperar un modelo que no ha hecho más que dañar la salud de las personas o defender el único que puede garantizarla.

Accedé a la carta acá.