Desafíos y oportunidades que presenta la reforma del régimen jubilatorio del Poder Judicial y del Ministerio Público

En diciembre pasado se reavivó el debate en torno a las jubilaciones especiales para los y las funcionarias del Poder Judicial, del Ministerio Público e integrantes del Servicio Exterior. Con el objetivo de morigerar los beneficios de estos regímenes jubilatorios especiales, el Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de ley que ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados, y que será analizado próximamente por el Senado de la Nación.

A modo de contribuir al debate público e identificar algunas de las principales discusiones que se han suscitado en torno a esta reforma jubilatoria, desde ACIJ elaboramos un documento donde exponemos una serie de comentarios vinculados al proyecto, además de abordar algunos de los desafíos que plantea su implementación.

De las conclusiones del informe se desprende que el proyecto de ley propuesto se muestra como un avance razonable para revertir privilegios injustos y acercar a los y las operadoras de justicia al resto de la ciudadanía. El régimen de jubilaciones del Poder Judicial y el Ministerio Público genera un enorme déficit que debe ser afrontado por el resto de las y los trabajadores sujetos al régimen general de jubilaciones, que no gozan de ninguno de sus beneficios (la caja de jubilaciones del Poder Judicial registra actualmente un déficit aproximado de $8.296 millones). A su vez, las jubilaciones especiales del Poder Judicial son en promedio 14 veces mayores que las del régimen general (mientras la primeras alcanzan los $293.107 -siete veces la Canasta Básica Total-, en el régimen general son de $20.575). Si bien el proyecto pretende asimilar parcialmente ambos regímenes, lo cierto es que mantiene gran parte del tratamiento diferencial que separa a estas/os funcionarias/os respecto del resto de la ciudadanía.

Ahora bien, para que puedan prevenirse posibles impactos negativos, resulta necesario que el proyecto sea complementado con mejoras de los mecanismos para la cobertura provisoria de cargos judiciales vacantes (en particular de las subrogancias), así como -fundamentalmente- en la reglamentación vinculada a los concursos públicos. Un nuevo régimen de selección de magistradas/os es fundamental para reducir cualquier riesgo de afectación sobre la independencia de quienes integran el Poder Judicial.

La forma de garantizar que estas nuevas vacantes no redunden en conceder demasiado poder a quien circunstancialmente tiene mayor capacidad de construir mayorías –en el Consejo de la Magistratura tanto como en el Congreso de la Nación- no es perpetuar un sistema de privilegios previsionales que se muestra como intolerable en contextos de crisis económica como la que nos afecta, sino que implica promover las reformas necesarias sobre los mecanismos de selección de juezas y jueces que la Constitución y las leyes prevén, para que estos concursos ofrezcan las garantías de agilidad, no discrecionalidad, transparencia y participación que hoy no ofrecen. 

El gobierno debe garantizar espacios de diálogo social e institucional dirigidos a que las políticas públicas se centren en responder a las necesidades urgentes de los sectores más vulnerabilizados, se orienten a reducir las desigualdades estructurales y a eliminar todo privilegio injusto de quienes habitan en Argentina. Decisiones de esta relevancia deben tener el respaldo de la legitimidad que concede un debate robusto, sofisticado y con participación de la ciudadanía en el Congreso de la Nación.

Se trata de construir un Poder Judicial sin privilegios, accesible a la población y con jueces y juezas a la altura de las necesidades de nuestra democracia.